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La Tribuna

Contraloría investiga irregularidades en municipio de San Rosendo

por María José Villagran Barra

El organismo lleva toda una semana investigando a la municipalidad, tras la acusación por uso de vehículo fiscal para actividades personales del alcalde y los retrasos de sus funcionarios.

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A principios del año pasado, el concejal de Laja Joaquín Sanhueza hizo una acusación formal ante la Contraloría en contra de la municipalidad de San Rosendo.

En ella, acusaba la falta de conciliación de cuentas no realizadas, así como licitaciones adjudicadas y finalmente revocadas, sumando los atrasos administrativos reiterados por varios funcionarios municipales.

Desde el lunes de la semana pasada, funcionarios acudieron a dependencias del órgano contralor solicitando informes de licitaciones, asistencias del personal, así como bitácora del uso del vehículo fiscal disponible para el edil.

Diario la Tribuna intentó conversar con el alcalde Ovidio Sepúlveda pero se encuentra de vacaciones hasta este lunes.

El alcalde subrogante de San Rosendo, Cristhian Bravo, confirmó que la Contraloría se encontraba en las instalaciones de la municipalidad recabando información.

“Se debe, supuestamente, a una acusación anónima pero todos sabemos quién la hizo; estamos prestando ayuda a todo lo que se nos solicita y esperamos que se hagan las diligencias necesarias”, expresó el administrador municipal.

Por su parte, el concejal ex RN Julian Espinoza sostuvo que la investigación de la Contraloría es pertinente, ya que la ciudadanía necesita respuesta ante las denuncias.

“Respecto a la imputación del señor Joaquín Sanhueza por mal uso de vehículo fiscal que infringe la ley en el artículo 799, se me hace necesario ya que la Contraloría debe hacer un pronunciamiento sobre el tema y, finalmente, dar a conocer las conclusiones de la investigación”, puntualizó Espinoza.

Agregó que existen protocolos que obligan a los concejales a ser fiscalizadores. En este contexto, “debemos hacer lo que hay que hacer nada más y, a título personal, quiero decir que no hay un delito, sino sólo una falta pero -aún así- ésta no se debe seguir cometiendo”, añadió Espinoza.

Según fuentes cercanas a la municipalidad, los funcionarios comunales se encuentran algo nerviosos por la visita permanente del personal de la Contraloría, señalando que han solicitado bitácoras que se encuentran inubicables hasta el cierre de esta edición. 

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