Y las mejoras laborales de los funcionarios públicos

Generalmente, como sociedad, realizamos una fuerte crítica a los funcionarios públicos del Estado, ya sea de los municipios, servicios públicos, gobernaciones, intendencias, ministerios o incluso de La Moneda, cuando estos deciden movilizarse por sus mejoras salariales.

Sin embargo, hay un elemento fundamental y es que la gran mayoría son profesionales o funcionarios de carrera que han dedicado 5, 10 o más años a sus trabajos, pero que no saben si la autoridad de turno, la entrante o algún político de cada periodo les dará continuidad a su labor.

En la actualidad, año a año, estos son evaluados basándose en diversos criterios y donde se miden los resultados.

Lo lamentable de este hecho no vale nada. Si a una autoridad de turno se le cruzó un trabajador por no pensar como él, fuera. Si hay algún apitutado o “ñoqui” -como le decían en Argentina a esos militantes que ocupaban cargos donde no hacían nada-  también fuera.

Si asume un alcalde nuevo y quiere comprar votos para la próxima elección, saca unos pocos y mete al doble.

Hoy, afortunadamente, los tribunales de justicia están un poco más estrictos para sancionar a los estamentos públicos que actúan de forma irresponsable en materia de despidos.

Esta editorial, no está dedicada para los cargos de confianza como el jefe de gabinete, el director de comunicaciones y los periodistas o en algunos excepcionales casos de la secretaria de la autoridad. Estas líneas son para quienes trabajan sin pensar en la autoridad de turno, si no en el desarrollo de su comuna, provincia, región o país.

Cuando el gobierno habla de impulsar una reforma laboral y se llena la boca en sus discursos, planteando que los empresarios deben dar las condiciones dignas a sus trabajadores, están en lo cierto, pero deben comenzar por casa.

¿Cuál es la realidad actual? Muchos funcionarios llevan años a honorarios sin cotizaciones, sin salud y sometidos a los horarios que se le antoje al jefe. Eso no puede ser. Es indigno. Para que el Estado hable con propiedad, primero debe dar el ejemplo, de lo contrario es un doble estándar sin moral.

A nivel gubernamental, al menos en nuestra zona, no han existido grandes casos de despidos injustos, pero sí en los municipios.

En un estado democrático, se debe respetar que una persona sea de una u otra tendencia política, religiosa, sexual o social. Si hace bien su trabajo, se merece nuestra admiración.

Si de lo contrario, trata de perjudicar el funcionamiento de la entidad para fines personales o partidistas, entonces la situación es diferente. Pero en el Chile de hoy, ¿quién quiere perder su trabajo?