Dejen de torturar y matar a los niños en riesgo

Una nueva polémica a nivel nacional, se generó, esta vez, luego que se difundieran una serie de videos en los que se podía apreciar a jóvenes con diversas discapacidades intelectuales severas, siendo reducidos violentamente y amarrados boca abajo a una camilla, como si fueran parte de una dictadura o país incivilizado. Y no es exageración.

Digámoslo con rabia y con todas sus letras, esto es tortura, tal como se ha señalado desde el Servicio Nacional de Menores.

Esta acción requiere de medidas claras e inmediatas, no sólo discursos de los políticos con ojos entre lágrimas que no llegan a nada. El gobierno tiene la obligación de velar por el resguardo, protección y bienestar de los niños. Más aún si están derivados a centros que dependen económicamente de ellos o instituciones privadas que se alimentan del dinero que donan sus ciudadanos. Claramente, se puede inferir que este es un lucrativo negocio amparado en fundaciones, que únicamente busca recibir dinero, sin preocuparse de la calidad de vida que le dan a los pequeños. Y se hacen llamar “sin fines de lucro”.

Incluso, tras este aberrante hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha indicado que, en un número importante de observaciones que han realizado desde el mes de enero, han detectado casos similares en otros lugares del país y que han sido catalogados de bastante graves.

¿A quién le estamos entregando los niños? ¿Quién los está cuidando? ¿Están capacitados mentalmente los profesionales de instituciones públicas o privadas para atenderlos? ¿Quién se hace responsable de la parte afectiva? Es una vergüenza internacional lo que estamos haciendo los autodenominados jaguares de Latinoamérica. Aquí queda demostrado, que no todo son las cifras que con orgullo muestran los presidentes de turno. La realidad es otra.

Pero a quienes les gusta escucharlas, les recordamos estos crudos datos: 1.313 chilenos, algunos con algún grado de discapacidad, que debían ser protegidos y resguardados por el Estado, murieron entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de julio de 2016. ¿Cuántos se sumarán de estas fundaciones?

¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Que no se escucha a nadie, ni a un ministro, director del organismo ni de los “centros de tortura y maltrato infantil”, siendo expuestos ante los tribunales de justicia por este acto tan inhumano.

Hace unos días en Los Ángeles, toda la sociedad condenó a una madre que dejó abandonadas a sus hijas en pésimas condiciones, en un departamento totalmente insalubre. El Sename, tomó a esas niñas para derivarlas a un centro. ¿Están realmente a salvo esas pequeñas? ¿Las llevamos de un lugar horrible a otro peor?

Es hora de castigar severamente estos actos, sentar precedentes y dejarnos de los eufemismos o justificaciones.

Lo niños están siendo maltratados y nadie hace algo serio al respecto. Eso es irrefutable.