¿Es un tema de ley o de los jueces?

Hace ya varios años que tanto los parlamentarios como el Poder Judicial, vienen responsabilizándose los unos a los otros por la conocida puerta giratoria, en donde los delincuentes son detenidos –muchas veces en operativos de alto costo para el Estado– y luego son dejados en libertad por considerarse detenciones que no se ajustan a la ley, irreprochable conducta anterior y tantas otras más.

Esta situación ha generado que la ciudadanía pierda la fe en la justicia, porque en muchos casos nunca llega.

La Reforma Procesal Penal, ofrece desde sus inicios un juicio justo desarrollado ante un juez, quien tendría la responsabilidad de decidir de acuerdo a lo que vio en la audiencia, si se aplicaban sanciones ante los imputados o no.

Frente a ello, sorprenden decisiones de algunos magistrados, que frente a todas las pruebas, no castigan como corresponde a los infractores ¿Temen aplicar la ley o no tienen las herramientas?

De acuerdo a los parlamentarios, las leyes existen y son claras y los jueces deben aplicarlas. Pero claramente esto no pasa o no funciona.

Los que se llevan la peor parte son los policías, carabineros y detectives, quienes seguramente ven con impotencia, como muchas veces, tras meses de trabajo o en procedimientos que fueron bastante complejos, logran detener antisociales, para que un delincuente o un abogado, puedan convencer al juez de aquellos resquicios que ofrece la legislación y quedar libres. Los propios uniformados han contado fuera de micrófono como se deben exponer muchas veces a la burla de los antisociales que pasan por fuera de la comisaría o los encuentran en la calle y les dicen que nuevamente están libres. Eso no es justo.

Hay que ordenar este asunto. Chile merece una mejor calidad de justicia, donde los jueces tengan claro lo que deben hacer y en donde no existan ambigüedades que se presten para absurdamente dejar libres a personas que son un riesgo para la sociedad. Es algo difícil, ¿quién empieza?