Norambuena critica calidad de la educación en colegios adscritos a Ley de inclusión

El pasado viernes 30 de junio venció el plazo para que establecimientos particulares subvencionados informaran a las autoridades competentes si decidían ser una institución gratuita, o bien, si se transformaban en un colegio particular pagado.

Pues bien, de los 144 establecimientos particulares subvencionados que se podían adherir a la ley de inclusión escolar, fueron 73 los recintos educacionales que optaron por dicha vía.

Ante esta medida, que fue anunciada por el seremi de Educación, Sergio Camus, el diputado por el distrito 21, Iván Norambuena (UDI), a pesar de reconocer que la medida permite facilitar el acceso a la educación de los niños de la Provincia, aseguró que no deja de preocuparle la calidad a la cual se enfrentarán.

“La gracia de que los padres pudieran escoger un establecimiento particular subvencionado, por sobre uno municipal o particular pagado, era que tenían la opción de contribuir económicamente a la educación de sus hijos. Hoy, al someterse los colegios a la ley de inclusión escolar, se están disminuyendo los recursos por niño en cada establecimiento, lo que podría ir en perjuicio de la calidad de la educación en la que se insertan. Podría cambiar el estándar que conocían, y finalmente esas familias quedarán de manos atadas, porque no cuentan con los recursos para cambiarse a la educación particular pagada”, apuntó el parlamentario.

En esa línea, considera que se debe comenzar a hablar de calidad en la educación de forma “urgente”, asumiendo que hasta el día de hoy existen brechas entre los que pagan y los que no.

“La educación gratuita a la que vamos a someter a los niños de la provincia de Bío-Bío, y también de la región o del país, sigue en la nebulosa. La educación pública aún no ha sufrido cambios positivos en lo que respecta al concepto de calidad, y es a ése nivel al que llegarán los alumnos que estaban en los colegios particulares subvencionados. Falta que hablemos de calidad en la educación escolar, y que el Gobierno no siga diciendo que la reforma aún sigue en proceso. La calidad en la educación requiere respuestas ahora”, exigió el congresista.

Norambuena, más allá de valorar que muchas familias podrán ahorrar el dinero que destinaban a la educación de sus hijos, pidió la Gobierno hacer esfuerzos para -a lo menos- igualar o aumentar los recursos por alumno de los establecimientos públicos y de aquellos que pasaron a ser una corporación sin fines de lucro.

Su declaraciones fueron contrastadas con la jefa provincial de Educación en Biobío, Mónica Collin, quien en relación a lo dicho por el parlamentario, explicó primero que con la Ley de inclusión los planteles que se adscriben a ella siguen siendo administrados por sus sostenedores y subvencionados por el Estado, eliminándose de manera gradual el copago que realizaban los apoderados y pasando a ser corporaciones sin fines de lucro.

Collin aseveró que la calidad de la educación en estos planteles no se verá resentida y que “debiera mejorar, porque los recursos los va a dar el Estado”, afirmó.

“Lo que pasó ahora con estos 73 establecimiento, ellos cambiaron la forma como estaban constituidos y tuvieron que hacerlo como corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, pero la calidad, a mi modo de ver y como lo hemos dicho de un comienzo con esta Ley de inclusión, va a ser mejor en los niños, mejor para el país, vamos a estar en igualdad de condiciones, porque los alumnos tienen que ir recibiendo mejor calidad de educación en la medida en que el Estado vaya contribuyendo con mejores programas y entregando los recursos necesarios”, indicó.