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Hombre debía presentarse a juicio por estafa, pero no llegó

por La Tribuna

Tras reagendar el litigio, esta persona quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total hasta el día en que éste se realzará.

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La jornada de este miércoles, en dependencias del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, un hombre debía enfrentarse a un juicio en su contra por dos delitos de estafa realizados en la comuna de Mulchén. Uno de ellos en grado consumado y el otro en grado de frustrado.

El litigio debía desarrollarse a las 8:30 horas de ayer. Todo estaba listo para comenzar, salvo por dos aspectos importantes.

Su abogado no se presentó en el tribunal, por lo que se le debió asignar a un profesional de la Defensoría Penal Pública.

Asunto solucionado, de no ser por otro pequeño gran detalle: quien sería procesado en esta oportunidad, no llegó.

Su inasistencia originó que el tribunal decretara una orden de detención. El hombre fue encontrado horas más tarde en la comuna de Mulchén, reprogramando el inicio del juicio hasta que fuera llevada a dependencias del tribunal.

Como el abogado que se le asignó a R.S.S. no era quien debía representarlo durante el juicio, el abogado defensor solicitó a los magistrados una nueva audiencia de juicio oral.

La petición fue acogida por el tribunal, quedando fijada para el próximo miércoles 21 de junio de 2017.

Asimismo, los jueces decretaron la medida cautelar de arresto domiciliario total hasta el día en del nuevo litigio.

LOS HECHOS

Los hechos por los cuales R.S.S. sería procesado este miércoles se remontan a enero de 2013, en la comuna de Mulchén.

Con la finalidad de obtener ganancias de manera ilícita, esta persona se habría contactado con dos empresas que ofrecían trabajos con maquinaria pesada.

El hombre se habría presentado como supervisor de unos predios particulares, de propiedad de un tercero, cuando en realidad no sería así.

En aquella oportunidad, requería contratar los servicios de las empresas con el objetivo de realizar trabajos de roce con excavadoras y subsolado de dichos predios.

Durante el mismo periodo, R.S.S. tomaría contacto con el propietario del fundo, emplazado en el sector Munilque, para ofrecerle servicios particulares de limpieza del predio con maquinaria pesada, a lo cual esta persona accedió.

Tras acordar los precios de dichos servicios con el representante de las empresas, las maquinarias pesadas fueron trasladadas al terreno con sus respectivos operadores para comenzar a trabajar.

Las faenas habrían comenzado la última semana de enero 2013 y se extenderían hasta febrero de ese mismo año.

A fines de ese mes, el imputado habría tomado contacto con el dueño del fundo para solicitarle el pago de los trabajos que se realizaron hasta ese día. Todo ello, sin informarle al propietario de la empresa que prestaba los servicios.

Para no levantar sospechas, el imputado se habría contactado con una tercera persona, ajena a las faenas, para que le emitiera una factura. Fue una de éstas las que R.S.S. le entregó al dueño del predio, quien le pagó un monto superior a los 2 millones 800 mil pesos.

Para pasar inadvertido, el imputado habría entregado información falsa a la empresa afectada para que emitiera una factura, a nombre de un tercero, con la que ésta buscaba cobrarle al dueño del fundo.

El hecho quedó al descubierto luego de que la misma empresa se contactara con el propietario del terreno para cobrarle, quien revelaría que ya le había pagado a R.S.S.

Mientras que este último le habría pagado un monto superior a los dos millones 800 mil pesos, la empresa se habría visto afectada por un monto superior a los 6 millones de pesos.

A fines del mes de enero de 2013 y principios de febrero de ese mismo año, R.S.S. habría utilizado la misma estrategia pero en un predio vecino al primero, relatando la misma historia y utilizando el mismo modus operandi.

Pese a que el propietario de este fundo no alcanzó a pagarle al imputado, a esa altura, el dueño de las máquinas arrojaba pérdidas por un monto superior a los 11 millones de pesos.

Por el primer hecho, el Ministerio Público pide una pena de tres años de presidio menor en su grado medio y el pago de 15 UTM, mientras que por el segundo solicita una condena de 818  días de presidio menor en su grado medio y multa de 11 UTM.

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