La fiscalía fracasó y la inteligencia policial es vergüenza nacional

El día de ayer, la empresa Sotraser, ubicada en la localidad de San José de la Mariquina, fue víctima de un mega atentado incendiario, que destruyó por completo 29 camiones de la compañía ligada al empresario angelino Carlos Heller. Hace sólo 9 días, ocurrió un hecho similar en Temuco, donde se destruyeron 18 camiones de Luchetti y, hace únicamente 43 días, en el fundo San Miguel de la localidad de Ralco, en la comuna de Alto Biobío, se atacó una bodega, una vivienda y una caballeriza donde calcinaron 7 animales. ¿Pudo la inteligencia policial – muy bien pagada por lo demás – anticiparse a los hechos o detener a los responsables? Como siempre, no.

Todos estos ataques, se los ha adjudicado la Coordinadora Arauco Malleco y sus ramificaciones, organización criminal, que sólo ha infundido el miedo, la violencia y la anarquía en el sur de Chile, sin que nadie haga nada para detenerlo. Nadie.

Es más, su líder, Héctor Llaitul, camina por las calles completamente libre e incluso el pasado mes de julio, dictó una charla en la Universidad de La Frontera, Temuco, donde sostuvo que “la lucha de la Nación Mapuche está en desarrollo. Nosotros, como CAM, estamos comprometidos en una propuesta donde la autonomía la concebimos como un proceso de lucha constante”. Y aquí están las consecuencias. Sus palabras, se traducen en hechos concretos.

Simplemente, no tienen justificación este tipo de ataques cobardes, tampoco tiene justificación infundir el miedo entre los otros indígenas y habitantes de Biobío, La Araucanía y el sur y, menos aún tiene justificación, el asesinato de animales. Si la CAM considera eso como una vía correcta, están totalmente equivocados y deben enfrentar todo el rigor de la ley.

Lo más lamentable de todo, es la mediocre y vergonzosa labor que ha ejercido la fiscalía en esta materia, donde sus investigaciones, simplemente no sirven de nada. Les ganaron.

Y, obviamente, este organismo, que coordina la labor de inteligencia e investigación de las policías, les traspasa esta insuficiencia a Carabineros y la PDI, dando un espectáculo vergonzoso.

Pero, luego de ver las declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbot, uno entiende por qué hacia abajo todo está funcionando mal. En sus dichos, dijo que los empresarios son quienes deben tener el resguardo de sus bienes.

¿Acaso no existe un Ministerio del Interior y Seguridad Pública? ¿Acaso la fiscalía no es capaz de investigar diligentemente la violencia para encarcelar a quienes atentan contra la democracia?

¿Qué ocurriría si los empresarios colocan guardias armados a custodiar sus empresas y ante un ataque, matan a balazos a los violentistas? Simplemente, aumentarán los muertos y el conflicto se agudizará aún más. ¿Eso pretenden? Esperemos que no.

Pareciera que los fiscales anduvieran más preocupados de citar a declarar periodistas, para saber de dónde sacan la información, como ocurre incluso en nuestro Diario, que de realizar investigaciones serias, que permitan de una vez por todas, terminar con la violencia y los ataques incendiarios que atormentan a nuestra Provincia y el sur del país.