Fiscalía y Operación Huracán: Qué vergüenza

El día de ayer, la Segunda Sala de la Corte Suprema, finalmente acogió el recurso de amparo que interpuso la defensa de los ocho comuneros mapuches acusados de ser los autores materiales e intelectuales de los graves atentados incendiarios ocurridos en el mes de agosto en la zona sur del país y que tienen sumido en el temor a tres regiones del país. Uno de ellos, no lo olvidemos, trabajaba en la Municipalidad de Los Ángeles.

A la luz de los hechos, lo que quedó claro es que no hay fundamentos de la participación de los imputados que justifiquen su prisión preventiva y por lo tanto, el máximo tribunal del país, no tuvo otra opción que actuar en base al derecho y dejarlos libres.

Esta situación deja en claro que en Biobío, La Araucanía y Los Ríos, reina la impunidad ante la paupérrima labor que ejecuta la fiscalía, en donde su propio fiscal nacional, Jorge Abott advierte que la situación reviste un inminente peligro de fuga de los imputados, pero por otro lado, su equipo no es capaz de conseguir pruebas sólidas que validen lo que señalan para mantener la prisión preventiva.

Evidentemente, lo que aquí se ha visto, no deja otra conclusión que nuevamente el país ha sido sometido a una apoteósica campaña comunicacional que pretendía mostrar que las instituciones funcionan y que las investigaciones policiales, encabezadas por la fiscalía eran exitosas, cuando en la realidad, el patético show que hemos visto por años, se mantiene igual. No hay encarcelados, los atentados siguen sin rostros y el temor para las personas y trabajadores se acrecienta día a día.

El gobierno ha sido cobarde, la justicia también, pero los grandes responsables de la ineficacia ha sido el ministerio público, incapaz totalmente de liderar el proceso de búsqueda de pruebas concretas y serias para dar con los responsables de los ataques incendiarios.

La sociedad chilena tiene todo el derecho a exigir un buen trabajo, porque los millonarios sueldos de los fiscales (que van desde 1.789.000 pesos a los 9.121.000 según consta en Transparencia), son pagados con los impuestos de cada uno de los habitantes de este país, para una labor totalmente cuestionada. La delincuencia sigue en la calle y muchas veces es por la poca capacidad de encontrar pruebas.

Este primer fracaso de la Operación Huracán no hace otra cosa que aumentar el miedo y la inseguridad de las víctimas, que nuevamente reciben una bofetada en la cara, se quedan sin justicia en un estado que dice protegerla. Una mentira.