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Los Ángeles, Sabado 16 de Diciembre de 2017
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REPORTAJES
Fecha: 17-11-2017
HÉCTOR SANHUEZA, GERENTE
Canalistas del Laja y convenio para regular el uso del lago Laja: "Lo que dio frutos reales fue la conversación"
El ejecutivo conversó con la Tribuna FinDe para comentar el histórico convenio de operación y recuperación de los recursos que viene a reemplazar al del 58 y también para referirse a la Reforma al Código de Aguas.
Publicado por Juan Pablo Vergara, LaTribuna

La reciente firma del “Convenio de Operación de los Recursos del Embalse Laja” ha sido celebrada por todos los sectores productivos vinculados a su uso. Uno de ellos es el sector agrícola que a través de sus asociaciones de regantes logra que cerca de 12 mil hectáreas de suelo cultivable entre Ñuble y Biobío sean regadas con las aguas de este imponente lago cordillerano.

 

Para abordar las implicancias que este nuevo acuerdo tendrá en la actividad que desarrollan, además de conversar de otros temas relacionados como es la reforma al Código de Aguas y las mayores atribuciones de fiscalización otorgadas a la Dirección General de Aguas (DGA), dialogó con Diario La Tribuna el gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza.

 

¿Cómo evalúa la firma de este convenio que viene a reemplazar al que se encontraba vigente y que existía desde 1958?

-Es un acuerdo que viene de alguna manera a entregar un mensaje de tranquilidad para un tema tan importante para nosotros como es la operación racional de las aguas del lago Laja, es un tema que nos ha tenido ocupado hace muchos años, yo diría más de 20 años en distintas historias, a principios con mucha conflictividad, con algún tipo de acciones legales y al final lo que perduró y lo que dio frutos reales fue la conversación. Eso lo llevamos trabajando hace tres y es un gran logro.

 

¿Cuáles son los principales cambios que usted observa en este nuevo convenio?

-Estamos firmando un convenio que modifica el escenario que dibujaba el convenio de 1958, pero es muy importante transmitirle a la comunidad y a todos los integrantes que esto no puede ser considerado como el término, sino que el inicio de una nueva etapa; es iluso pensar que un convenio ideado, aunque sea con mucho trabajo, con mucho ingenio vaya a resolver definitivamente los problemas futuros, porque los problemas futuros nadie sabe cuáles van a ser. Tenemos que aprender la lección de que esto se soluciona en mesas de conversación, por lo tanto, esto es el inicio de una etapa que parte con un gran avance que ha roto las desconfianzas, el haber llegado a un acuerdo y ese acuerdo tiene que estar siempre condicionado para que sea capaz de responder a los requerimientos futuros.

 

¿Cuáles eran las principales dificultades con las que lidiaban mientras estuvo vigente el anterior convenio?

-Lo que pasa es que el convenio del 58 fue ideado en circunstancias muy distintas, en donde todos los organismos que estaban ahí eran públicos y, por lo tanto, no había aprensión en aquella época de los conflictos de intereses que con el tiempo después se dieron, cuando cada uno partió por su lado, el riego tomó una característica que no tenía de fortaleza de dimensión, la energía también fue creciendo y, además, se privatizó, por lo tanto, dejó de ser subordinada a la autoridad pública y ahí, por supuesto, los intereses y los conflictos se exacerbaron, porque cada uno buscaba sectorialmente su mayor conveniencia. Yo creo que la principal lección fue esa, mirar las cosas sistémicamente y no sólo de cómo yo soluciono mi problema a costa de extraer el agua del lago Laja sin importar si esa misma agua tiene un uso alternativo en otro momento.

 

REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

¿Cuál es su postura frente a las reformas al Código de Aguas que está impulsando el gobierno?

-Nosotros tenemos una posición de que creemos que la reforma se tiene que hacer, pero queremos que la reforma sea apropiada a lo que se necesita y no incorporemos elementos que, tenemos la convicción, van a entorpecer la operación. Los países tienen formas de hacer las cosas, en nosotros podrá ser diferente del resto del mundo, pero Chile, en lo que es la gestión y administración del agua, desde su inicio la entregó al sector privado, las grandes obras fueron desarrolladas por el sector privado, el gran manejo del agua lo maneja el sector privado, entonces hay que tener mucho cuidado como intervenimos, como agregamos el Estado a este manejo, si lo hacemos con una condición invasiva de exceso de facultades lo va entorpecer, esa es nuestra convicción. Por lo tanto, nuestro reparo respecto de las modificaciones al Código de Aguas son las demasiadas facultades que el Estado quiere asumir dentro de la administración, cuestión que históricamente no ha tenido. Y segundo, creemos que hay que modificar el Código de Aguas, porque se han producido situaciones que son indeseables como la especulación con los derechos de agua, específicamente, los derechos no consultivos que no es el de la agricultura, y eso hay que tratar de evitarlo, hay que incorporar elementos como los glaciares, hay que considerar elementos como el uso del agua subterránea que el año 81 no tenía la importancia que tiene ahora, etcétera.

 

 

¿Y ustedes han sentido que han sido escuchados como Asociación de canalistas por parte del gobierno en esta discusión?

-Es una pregunta difícil de responder, porque si uno señala numéricamente las veces que ha podido ir a las sesiones podríamos decir, sí, hemos sido escuchados, pero en el estricto sentido hemos ido a exponer, pero de lo que hemos expuesto, aparentemente, y dicho de una manera elegante, muy poco ha sido comprendido, porque no lo vemos reflejado en los cambios que se han incorporado.

 

ATRIBUCIONES A LA DGA

Y con respecto a la ley que otorgó mayores atribuciones de fiscalización a la Dirección General de Aguas ¿Cuál es su opinión?

-Nosotros no tenemos aprensiones respecto de que el sector público tenga más o menos facultades, porque creemos que el sector público representa el bien común. El problema está en que cuando tú le entregas muchas facultades a alguien o le entregas los medios para ejecutarla y eso se puede transformar en algo muy poco deseado.

 

¿Estas mayores atribuciones a la DGA no se justifican por las excesivas especulaciones sobre los derechos de agua que comenzaron a darse y que usted mismo reconoce?

-No comparto plenamente ese diagnóstico. En Chile hay 400 mil usuarios de aguas de derechos consultivos y no hay tribunales específicos de derechos de agua, porque los grandes conflictos, históricamente, los ha resuelto las organizaciones de regantes. Busque en cualquier elemento de la sociedad donde haya tanta intervención, de tantas personas y, además, compitiendo por un elemento que es escaso y que no sea cuoteo de tribunales específicos. Hay tribunales laborales, hay tribunales tributarios y no hay tribunales de agua, porque los grandes conflictos de la sociedad respecto del agua los han desarrollado los regantes.

 

¿Pero apoya que haya una mayor fiscalización?

-Exactamente, porque no es bueno ni es sano que nadie abuse de una posición privilegiada, sea social o sea física. Cuando yo estoy en un lugar aguas arriba en la cabecera de un río puede afectar a todo el resto de abajo.

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