El caso Luchsinger-Mackay y lo que se espera

Siempre que los casos judiciales involucran a integrantes de las etnias indígenas, se abre un debate relacionado a si se trata de una neocolonización o si efectivamente hay actos delictuales.

En este tema se involucran los políticos, la iglesia, las organizaciones de derechos humanos, las vocerías indígenas, las asociaciones gremiales y todo aquel que quiera referirse al caso, razón por la cual, los tribunales de justicia tienen una misión difícil, ya que una parte importante de la sociedad nunca quedará satisfecha con las determinaciones.

Sin embargo, el 4 de enero de 2013, Werner Luchsinger y Vivianne Mackay fueron asesinados brutalmente por desconocidos, precisamente cuando se conmemoraba el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo.

Como en cada hecho, existen versiones diversas y una de las líneas de investigación es que la muerte del matrimonio podría estar vinculada al denominado “conflicto mapuche”.

Frente al tema, una vez judicializado el hecho, la objetividad se puso en tela de juicio cuando se dio a conocer las opiniones emitidas por el juez José Ignacio Rau en sus redes sociales y por la poca delicadeza de haberse vestido de rojo, lo cual fue tomado como una provocación para algunos, más aún porque más tarde se determinó la inocencia de los 11 imputados.  

Más allá de las posturas que existan al respecto, lo cierto es que hay una familia que requiere justicia, y lo merece, de acuerdo a la legislación de Chile. Dos personas fueron brutalmente asesinadas y no por la ideología u opinión que puede tener un juez o la presión internacional frente al tema se debe dejar de hacer el trabajo. Si hay indígenas involucrados o no, da lo mismo: todos estamos dentro del mismo marco regulatorio y tenemos la obligación de comportarnos conforme a la ley.

Finalmente, toda la sociedad librepensadora de esta maravillosa tierra y conocedora del caso tiene una visión sobre los hechos, pero se debe dejar actuar a las policías, a los jueces, a los abogados y a todo aquel que tenga que aportar para esclarecer este asesinato. No debe haber trato especial para nadie y los culpables deben pagar, independientemente de la sangre que corra por sus venas. No existen chilenos de primera y segunda clase para la ley. 

Es hora de dar tranquilidad a las familias. Aquí hubo un homicidio y lo único que se pide es que quienes lo hicieron paguen por ello. Nada más.