La Tribuna FinDe detecta cobros excesivos en notaría de Los Ángeles

Para efectos de este reportaje, y ya que pidió reserva de identidad, llamaremos Jaime al afectado de un curioso y al parecer excesivo cobro por un trámite notarial que tuvo que realizar en la ciudad de Los Ángeles. “Soy dueño de una constructora y me tocó realizar un trámite que consistía en  un documento protocolizado por notario donde constaba que una junta de vecinos nos entregaba la representación para un comité de vivienda”.

“Por esa firma el notario, ubicado en la calle Lautaro esquina Almagro me cobraba 250 mil pesos. Yo le pregunté si tenían Redcompra porque no andaba con esa cantidad de dinero a lo que la persona del mesón me comentó que no y partí a un cajero. En el trayecto llamé a mi constructor y le consulté por el valor del mismo trámite que habíamos realizado pero en la ciudad de Chillán y él me dijo que había pagado 12 mil pesos”, relató Jaime.

Frente a esa información, el afectado se dirigió nuevamente a la notaría exigiendo saber el por qué del valor cobrado a lo que le respondieron que era porque el notario calculaba que su empresa podría realizar transacciones del orden de los 200 millones de pesos, sin embargo, en el texto del papel nada de eso estaba estipulado.

“Exigí hablar con el notario, quién a través de su personal me mandó a decir que me rebajaba el cobro a 150 mil pesos, lo que me sorprendió aún más porque en menos de 20 minutos ¡rebajaron 100 mil pesos! a lo que me fui de ahí y entré en otra notaría”, manifestó el dueño de la constructora.

“Caminé en la misma cuadra y en otra mucho más pequeña que estaba ubicada al lado de un hotel me atendieron perfecto, y por el trámite me cobraron 8 mil pesos. Sin hacer ninguna pregunta y tampoco cuestionar nada”.

Jaime termina su triste historia con una desagradable reflexión: ”volví a la primera notaría y ya no estaba el notario, curiosamente, y le indiqué a la persona que me había cobrado que viera el valor que había pagado en el otro local totalmente justo”, no recibió ninguna respuesta devuelta.

¿QUIÉN PONE LOS PRECIOS?

Según los libros “Un notario, también llamado notario público, es un funcionario graduado en derecho cuya intervención otorga carácter público a los documentos privados y los autoriza a tal fin con su firma”.

“Es un testigo de fe o fedatario público que garantiza la legitimidad de los documentos en los que interviene y proporciona a los ciudadanos la seguridad jurídica en el ámbito extrajudicial”.

“Sus actos se hallan investidos de presunción de verdad, está habilitado por las leyes y reglamentos para conferir fe pública de los contratos y actos extrajudiciales originados en el marco del derecho privado de naturaleza civil y mercantil”, entre otros.

Bajo esta clara y determinante definición, donde queda plasmado la importancia de estas figuras públicas que están enmarcada en la ley chilena, el equipo periodístico de La Tribuna Finde partió a conversar con los ministros de fe de las cuatro notarías que existen en la comuna, salvo un notario no fuimos recibidos por el resto de forma oficial.

Juan Mauricio Araneda, dueño de la cuarta y última notaría creada el año 2014 en Los ángeles, fue quien explicó de una forma transparente y bastante sui generis como funciona una oficina notarial y el porqué de los cobros dispares entre ellas. “Lo que nosotros hacemos es una función pública hecha por privados, porque la función nuestra es ser garantes de la fe pública un valor que ha sido reconocido por todos”.

“Nosotros prestamos un servicio y así como lo hace un receptor un martillero, somos auxiliares de la administración de la justicia, luego para prestar ese servicio en vez que nos pague el Estado como funcionarios públicos y que el personal que atiende en el mesón también lo sea entonces se pagan los funcionarios y también el notario con los derechos que cobran a los usuarios que vienen a requerir los servicios del notario”.

“Hay que asumir que en general a los notarios la gente los asocia con el dinero dicen este señor gana plata, y es un privilegiado. Eso es cierto, pero también tiene otras responsabilidades que al Estado le demanda cero peso, es decir, se cumple una función que no les cuesta nada”. Araneda comentó que el Estado se queda con la recaudación de impuestos que ellos recaudan.

En un mea culpa muy objetivo, Araneda comentó “lo que aparentemente molesta es que los notarios ganamos mucha plata, pero uno tiene que hacerse cargo de eso porque no todo lo que ingresa es para el notario. Hay que pagar funcionario, hay que pagar papel, hay que pagar local cuando se arrienda, insumos como calefacción, modernizar el establecimiento y todos los costos corren por cuenta del notario”.

La diferencia de los cobros entre los notarios, según el abogado “se produce porque tenemos un sistema de arancel que no se ha actualizado desde hace más de 20 años, tenemos un sistema fijado por un decreto desde el año 98 donde dice que tal papel vale 100 pesos o 200 pesos pero que no incorpora todos los costos que lleva la producción de ese papel para asumir todos los costos”. En este punto es donde hay lugar a una especie de incerteza del usuario y que tiene derecho a preguntarse.

Él reconoció que como en todos los oficios hay gente “descriteriada” y comentó que ese trabajo no era la excepción, además aseveró enfático que se comparaba mucho a Santiago la actividad notarial de regiones que no tiene igualdad en absoluto, por lo tanto no se debía generalizar las malas prácticas de algunos en todos los funcionarios.

A lo que el notario realizó un llamado a los usuarios a preguntar e informarse antes de realizar trámites, de asegurarse que el notario fuera personalmente a realizar las actividades convenidas y de su resorte y no otro funcionario.

NUEVA DISPOSICIÓN LEGAL

Las notarías dependen del Ministerio de Justicia de Chile, a lo que se entrevistó brevemente al seremi del ramo en Biobío Sergio Vallejos  quien comentó acerca del proyecto de ley ingresado a la cámara baja con el fin de modernizar el sistema notarial.

“Se presentó un proyecto de ley compuesto por ítems que pretenden reformar tanto los aspectos orgánicos, como funcionales de este. A nivel general, las reformas apuntan a la modernización del sistema, exigiéndoles a los notarios, conservadores y archiveros contar con los medios tecnológicos necesarios para realizar trámites en línea; además de la disminución de precios y la eliminación de operaciones innecesarias”, afirmó Vallejos.

Un número indeterminado de trámites que exige la ley no debería existir. Un ejemplo de ello es que una persona tenga que demostrar que es soltera siendo que el Registro Civil puede confirmar aquello.

Asimismo se propone una menos discrecionalidad en los nombramientos de cargos, modificando la fiscalización de los procesos y permitiendo una mejor supervisión del cumplimiento de los aranceles.