Lapidario informe revela vulneración al pueblo pehuenche

La directora del INDH, Consuelo Contreras, y el consejero José Aylwin, encabezaron el trabajo que concluyó con un lapidario informe respecto a la violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile hacia el pueblo pehuenche de Alto Biobío y Santa Bárbara, en nuestra provincia.

Según la investigación, existen desplazamientos de comunidades indígenas por la priorización de proyectos hidroeléctricos, amedrentamientos ante sus demandas y abandono del Estado para el acceso a servicios básicos como salud, trasporte y educación.

A través de entrevistas, realizadas a las comunidades indígenas y a las autoridades locales de la alta cordillera, se constató, según explicó Contreras, tras haber escuchado el reclamo y las denuncias de lonkos y de miembros de las comunidades indígenas de los valles del Queuco y del Biobío, y aquellas relocalizadas en Santa Bárbara, sobre la responsabilidad del Estado en su abandono, los compromisos incumplidos, la dilación para las soluciones, incertidumbre sobre su futuro y el de sus hijos/as, así como acciones consideradas de amedrentamiento por sus demandas de tierras, territorios, la defensa de su cultura y sus derechos de aguas.

Sobre el recurso prioritario para la vida, el trabajo del INDH concluye de forma tajante que el futuro del agua debe considerarse como prioritario para que sus habitantes puedan gozar de este derecho humano. Esto, puesto que el derecho de agua otorgado en la zona pertenece mayoritariamente a particulares no pehuenche 46%, luego a las empresas (37%) y solo un 17% es de los indígenas, los que sin este vital elemento no pueden ser dueños de su desarrollo, ni gozar de él para su cosmovisión.

Además del agua, en el avance de entrega de la investigación, que se dará a conocer en detalle en el mes de mayo, el estudio también da cuenta de la deuda del Estado a la hora de entregar los servicios como la salud, la educación y el transporte.

Sobre las empresas presentes en el lugar y lo que piensan los habitantes de la zona, la directora del INDH, Consuelo Contreras, indica que muchos de ellos perciben al Estado como responsable, por omisión, de la presencia de grandes empresas en la zona, las que en su actuación no cumplen con su deber de respetar los derechos humanos, impactando adversamente a las comunidades, los ecosistemas y la cultura de la que son orgullosos.