Luego que el Ministerio de Agricultura constatara la proliferación de proyectos de loteos en áreas rurales que vulneran la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a un destino habitacional, este órgano decidió adoptar medidas urgentes y efectivas para el control de la situación. Considerando lo anterior fue que la cartera, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, efectuaron un análisis de la normativa vigente para determinar el real sentido del instructivo y que este se esté, además, aplicando correctamente.
Así, y poniendo énfasis en la preservación del suelo rural con fines agrícolas, así como para evitar los efectos de un desarrollo inmobiliario al margen de una planificación territorial, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos en aquellos casos en que se advierta que el proyecto como tal pudiera involucrar un eventual cambio de destino de los lotes resultantes hacia aquellos no permitidos por la normativa.
PRODUCCIÓN Y ZONAS HABITACIONALES
Lo anterior nace como una determinación debido a que la práctica de subdividir suelos con uso agrícola para otros fines “ha implicado un deterioro de los sistemas agroproductivos y del equilibrio ecológico donde se desarrollan, amenazando la sustentabilidad local”.
Un ejemplo indicado por el Ministerio de Agricultura en su sitio web oficial fue tomado considerando la situación que se da en zonas sin sistemas de alcantarillado o redes de agua potable, donde los servicios en estas materias a veces no dan abasto para todas las instalaciones requeridas por aquellos que tienen la intención de establecer sus viviendas en este tipo de sectores rurales.
Uno de los ejemplos sobre problemas generados debido a la falta de planificación en la subdivisión, venta y uso de loteos en sectores rurales con fines habitacionales mencionados por la cartera que vela por el desarrollo agrícola, fue la “sobredemanda de sistemas de Agua Potable Rural (APR), del aumento de concentración de residuos domiciliarios que demandan nuevos servicios de recolección”. A su vez, servicios como en el caso de la energía o la conectividad en rutas también fueron considerados como presionados y deteriorados en zonas que advirtieron un aumento en su población con la migración ciudad-campo del último tiempo.
RESPETAR LOS ESPACIOS Y SUS FINES PRODUCTIVOS
De hecho, además de esos factores, se suma “la presión para desarrollar nueva infraestructura energética y vial, entre otros aspectos”.
Según lo expresado por el Ministerio de Agricultura, se espera que con esta medida se resuelva, “al tenor del espíritu de la ley, las solicitudes que actualmente se encuentran en trámite y, por otra parte, desincentivar nuevas presentaciones de proyectos que abiertamente tengan una finalidad no permitida por la normativa”. El órgano público aseguró que esta será la línea de su actuar desde la publicación de la norma hasta nuevo aviso, con el fin de hacer respetar el ordenamiento territorial nacional.
“Tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo están resueltos a poner término a la proliferación de proyectos con claros fines inmobiliarios en el área rural”, se esclareció en la comunicación emitida desde el estamento gubernamental. De acuerdo a lo expresado por el Minagri, proyectos como los que el mandato impuesto por este frenó en su momento “no solo afectan negativamente el entorno en el que se desarrollan, sino que además inducen a los futuros adquirentes o compradores de predios rústicos a involucrarse en situaciones irregulares cuando el objeto de la adquisición del terreno tiene propósito habitacional sin mediar la intención objetiva de hacer agricultura en el predio”.