La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (Asoex) expuso la visión del sector frutícola exportador en relación a las modificaciones que se discuten a la Ley de Riego, durante su intervención ante la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.
En la oportunidad, Rodrigo Gallardo, secretario general de Asoex, destacó la importancia de la fruticultura para el desarrollo económico y social del país, así como también dentro del mismo agro, donde la fruta representa el 70% de las exportaciones agrícolas del país. "Según los datos de Odepa y Ciren, en el último catastro frutícola, alrededor del 65% de la superficie cultivada con frutales está en manos de pequeños productores, menores a 10 hectáreas. Mientras que el 13% tiene entre 10 y 20 ha; el 12% entre 20 y 50 ha; y sólo el 10% de la superficie frutícola está en manos de productores de más de 50 hectáreas", explicó el coordinador del conjunto.
EFICIENCIA HÍDRICA Y TAMAÑO PRODUCTIVO
Gallardo explicó que "por lo tanto, la fruticultura es una actividad de pequeños y medianos. Además, es un sector que contribuye de manera importante al país. Es el segundo sector exportador después del Cobre y es el primero en el sector de alimentos, totalizando exportaciones por más de 5 mil millones FOB la temporada pasada. Todos estos son elementos que deben ser tomados en consideración en el análisis que estamos llevando a cabo hoy, dado el impacto que las medidas propuestas en la ley podrían tener en el sector y su gente", observó. En este marco, el profesional, explicó que como ASOEX han identificado tres materias que desean se consideren en la discusión y análisis que está realizando la Comisión.
"En primer lugar, el origen o espíritu de esta ley que pretende fomentar la eficiencia del uso del agua en nuestro país, ya que, a nuestro juicio el fomento de la eficiencia hídrica no pasa por el tamaño que tengan las explotaciones agrícolas. En segundo lugar, nos parece que limitar el acceso a los beneficios de esta ley a aquellas personas, productores o empresas con ventas superiores a 25.000 UF, a través del otorgamiento del 2% del presupuesto total de los proyectos, es perjudicial. Nuestra estimación nos dice que, con ello, alrededor del 50% de la superficie frutícola plantada en Chile, quedaría fuera de la posibilidad de optar a este beneficio", declaró el vocero.
LÍMITE, DEVOLUCIÓN Y NUEVAS HECTÁREAS
"Este cálculo lo hacemos solamente en base a las ventas por exportación de frutas, pues si consideramos las ventas locales de frutas, probablemente la superficie frutícola que quedaría fuera de los beneficios de esta Ley sería mayor al 50%", puntualizó Gallardo. Asimismo, destacó que entre el 40 y 45 por ciento de la fruta que se produce en Chile, queda disponible para el mercado local, "siendo fruta que se produce en los mismos huertos, con las mismas características técnicas, con los mismos estándares de calidad e inocuidad que la fruta exportada". Como tercer punto para la discusión, el secretario general de ASOEX, observó la extensión del impacto de esta Ley en el sector. "Nuestra estimación habla de 121.000 hectáreas que quedarían fuera del beneficio de esta Ley. En un escenario en que tenemos un total de poco más de 230 mil hectáreas cultivadas con frutales a lo largo del país", remarcó.
El representante de ASOEX, dijo que esperan se reconsidere la limitación del acceso a este beneficio por nivel de ventas. "Creemos que establecer un umbral en 25.000 UF no se condice con la definición del Servicio de Impuestos Internos o Corfo, que establecen un límite de 100.000 UF para clasificar a una empresa como mediana, lo que es especialmente relevante si consideramos que la fruticultura es un sector de pequeños y medianos. Por lo tanto, usar un criterio distinto nos parece un punto importante de analizar y discutir", comentó. Asimismo, dijo que "como ASOEX, también nos parece relevante analizar y discutir sobre la discriminación relativa al tope de la bonificación para proyectos presentados por Juntas de Vigilancia, sugiriendo que se las homologue y se denomine de forma genérica como "como comunidades de usuarios de agua".