Una contundente crítica a la propuesta de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, de incluir a la Coordinadora Arauco Malleco en una mesa de diálogo para abordar la violencia en la Macro Zona Sur, expresó la ONG Campo Seguro, representante de cinco gremios agropecuarios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Francisco Muñoz Le Breton, gerente de la organización no gubernamental, afirmó que el planteamiento de la directora del INDH "evidencia un desconocimiento de la realidad que se vive en la Macro Zona Sur de Chile, especialmente del accionar violento de este grupo que ha buscado atemorizar a las víctimas mediante la acción armada y ataques sistemáticos, con el objetivo de generar desplazamientos forzados a través del terror".
Recogiendo la postura de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval F.G.), la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago A.G.), la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche) y la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), la ONG Campo Seguro expresó su crítica hacia "este tipo de posturas negacionistas respecto al sufrimiento emocional, al daño productivo y económico provocado por éste y otros grupos violentos sobre las víctimas de estos hechos".
En este sentido, la ONG precisó que "desde el año 2020, en la Macro Zona Sur se han registrado más de mil quinientos actos de violencia entre las regiones del Maule y Los Lagos, incluyendo ataques armados, ataques incendiarios, quema de maquinarias y camiones, y usurpaciones destinadas a aterrorizar a las víctimas y a la población en general. Por lo tanto, el único diálogo posible con los responsables de tales actos es a través de los tribunales de justicia".
Francisco Muñoz sostuvo que la propuesta de la Directora del INDH ha pasado por alto la violencia asociada a estos hechos y delitos, en los cuales se ha comprobado la participación de estos grupos en actividades como tráfico de drogas, robo de madera y robo de vehículos bajo el concepto de control territorial.
"Con este tipo de mensajes contradictorios, se minimiza el daño causado a las víctimas. A pesar de que el INDH es un órgano independiente del Estado, refleja una perspectiva parcial del Estado que ha perjudicado de manera evidente los derechos humanos de las víctimas de este tipo de hechos durante casi una década. Reiteramos la necesidad de una mayor celeridad en la tramitación de la Ley Antiterrorista, por lo que le solicitamos al Gobierno aplicar suma urgencia legislativa", concluyó Muñoz Le Breton.