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ONG Campo Seguro abogó por mantener condenas a integrantes de la CAM en nuevo juicio en su contra

por Jorge Guzmán Buchón

La organización espera que los legisladores de las regiones afectadas puedan incidir en la discusión legislativa para aplicar la Ley Antiterrorista.

La ONG Campo Seguro llamó a proteger los derechos humanos de los propietarios agrícolas y trabajadores cuando estos casos de desplazamiento forzado son generados por la intimidación. / Diario La Tribuna

El gerente de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, expresó su confianza en que se revaliden las condenas contra los cinco acusados de perpetrar un atentado incendiario contra camiones y maquinaria forestal en las cercanías de la ciudad de Los Ángeles.

Se trata del nuevo juicio - que está en pleno desarrollo - en contra de Ernesto Llaitul (hijo de Héctor Llaitul, histórico líder de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM) y otros cuatro imputados por su responsabilidad en el ataque armado.

En noviembre pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a los acusados como coautores de dos delitos frustrados de homicidio y dos delitos de incendio de camión, uno en carácter de consumado y el segundo tentado. Sin embargo, en un fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia con el argumento que el dictamen no valoró adecuadamente los antecedentes aportados por las defensas.

En consecuencia, en la actualidad hay un nuevo juicio que está en pleno desarrollo por la eventual responsabilidad de los imputados en el incidente ocurrido en septiembre de 2021.

A juicio de Muñoz, los ataques han amenazado la producción y derechos humanos de los habitantes de estas zonas, al generar muchas veces desplazamientos forzados por parte de los afectados, por lo que se mostró confiado en que "se revalide la primera sentencia en contra de estos cinco imputados. Se busca que estos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, particularmente de la familia de Llaitul, también resulten condenados efectivamente por el atentado incendiario realizado en la comuna de Los Ángeles".

El dirigente hizo ver que aunque los acusados realizaron una huelga de hambre durante 100 días, lo consideró una "acción recurrente por parte de los grupos terroristas particularmente".

También mencionó atentados incendiarios y otros ataques perpetrados en la Macrozona Sur, incluida la Región de Los Ríos, "donde por lo menos lienzos han indicado sus acciones reivindicatorias".

Muñoz explicó que "en su premisa, la CAM busca orientar sus ataques a tres grupos particulares, que son las forestales, las empresas extractivistas y lo que ellos llaman latifundistas. Los productores agropecuarios han visto amenazada no solo su integridad física, sino que también la posibilidad de trabajar sus campos".

El representante de la ONG Campo Seguro recordó que los propietarios deben operar bajo "amenazas, atentados, incluso abigeato u otros delitos asociados a su actividad productiva".

También mencionó la pérdida de productividad en terrenos tomados y otros comprados por la Conadi, por lo que Francisco Muñoz puso acento en "la protección de los derechos humanos tanto de propietarios agrícolas y de trabajadores cuando a través de la intimidación producen un desplazamiento forzado de las víctimas".

LEY ANTITERRORISTA

Desde la ONG, el representante observó que "hoy la ley antiterrorista no está siendo invocada con el argumento que no es suficiente o de que no está detallada sustancialmente hacia los actos terroristas. Hace un año está en discusión la ley antiterrorista, alojada estos dos últimos meses en la Comisión de Seguridad (...) Aspiramos a que el Gobierno mantenga la urgencia suma".

También urgió a los legisladores de las regiones afectadas a que "tengan incidencia suficiente en la dictación y que efectivamente se aplique esta ley en torno a lo que todos conocemos como actos terroristas en la Macrozona Sur".

El vocero de la organización mencionó que "en los últimos cuatro años hemos registrado mil 500 atentados y/o ataques en la Macrozona Sur", pero destacó que "el año pasado hemos visibilizado mejores resultados en torno a la persecución y sanción pena".

Por lo mismo, abogó para que "esta tendencia se mantenga de parte del sistema de persecución penal. También que los fallos los jueces tengan mayor conciencia del daño que han causado, no solo desde el punto de vista económico sino que desde el punto de vista emocional de las víctimas".

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