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Representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la ONG Campo Seguro manifestaron su rechazo a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien instó a los municipios rurales a utilizar sus recursos en seguridad y a "dejar de llorar".
Los dirigentes recalcaron la grave situación que enfrentan los agricultores debido al incremento de delitos en las zonas rurales y exigieron acciones concretas por parte del Estado.
Las declaraciones se producen en el contexto del reciente asesinato de un matrimonio en Graneros, lo que ha puesto en evidencia la creciente inseguridad en las áreas rurales de Chile. Rodrigo González Aguirre y su esposa, Carolina Calleja Lucero, fueron asesinados en su domicilio en la madrugada del 12 de marzo, en un hecho que la Policía de Investigaciones (PDI) investiga como un posible robo con homicidio. Este trágico suceso ha generado preocupación en la comunidad agrícola y ha llevado a los gremios a alzar la voz en demanda de mayor seguridad.
En este contexto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, declaró en una entrevista: "Aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales. Entonces, todos a ponernos serios con los propios agricultores, con los gobiernos regionales, con el Estado central y los municipios en que tengamos televigilancia".
Estas palabras fueron recibidas con molestia por parte de los representantes del sector agrícola. Antonio Walker, presidente de la SNA, expresó su descontento ante las declaraciones del ministro y subrayó la gravedad de la situación que enfrentan los agricultores: "Lo que partió hace varios años como simples robos de insumos está terminando en la narco-agricultura y asesinatos brutales, como los que tuvimos en Graneros".
Walker destacó que, aunque en la Macro Zona Sur se ha implementado un plan que ha disminuido la violencia, en las comunas rurales del resto del país la inseguridad ha aumentado debido a la focalización de recursos en sectores urbanos.
El dirigente enfatizó la importancia de la agricultura en la lucha contra la pobreza en las zonas rurales y alertó sobre el impacto negativo que la delincuencia organizada está teniendo en el sector: "El 30% de la población que vive en sectores rurales y donde se realiza la agricultura, permite terminar con la pobreza en estos sectores, pero estamos siendo amenazados por bandas que provocan mucha inseguridad". Además, hizo un llamado a los tres poderes del Estado a abordar de manera conjunta el problema del crimen organizado que afecta a pequeños, medianos y grandes agricultores.
Walker también señaló la falta de denuncias por parte de los afectados debido a la percepción de impunidad y anunció la creación de un manual de denuncias para enfrentar lo que denominó como "este terremoto silencioso del que está siendo víctima el Estado de Chile".
Por su parte, Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, lamentó las declaraciones del ministro Valenzuela y catalogó el asesinato del matrimonio en Graneros como un reflejo de la inseguridad rural que se ha incrementado en los últimos años.
Muñoz señaló que, además de los homicidios, los agricultores enfrentan asaltos a mano armada, robos de insumos y delitos de abigeato, y criticó la tardanza del Estado en reconocer y actuar frente a estos problemas, comparándolo con la demora en abordar el terrorismo en la Macro Zona Sur.
El representante de Campo Seguro advirtió que los niveles de inseguridad en las zonas rurales se han equiparado a los de las áreas urbanas y urgió la necesidad de actualizaciones legislativas, revisión de la dotación y protocolos de respuesta policial, y el fortalecimiento de tecnologías de vigilancia. Hizo un llamado a las autoridades a tomar la situación con la seriedad que merece y a implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad en el campo.
Las declaraciones del ministro Valenzuela también generaron reacciones en el ámbito político. La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió su renuncia, calificando sus palabras como una "brutal falta de empatía". En respuesta, el ministro defendió la postura del Gobierno, destacando la disminución de delitos en ciertas regiones y la implementación de medidas de seguridad, además de resaltar la importancia de la corresponsabilidad de distintas entidades en este tema.
Desde el Gobierno, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, reconoció que las palabras del ministro no fueron las más adecuadas y enfatizó la necesidad de empatía en estos asuntos.
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