Conciliaciones bancarias sin aclarar, permisos especiales otorgados a funcionarios, prestaciones de servicios con cumplimiento no acreditados y falta de control son parte de los antecedentes dados a conocer por la Contraloría General de la República tras una auditoría realizada al Departamento Comunal de Salud de Los Ángeles, y donde la directora Marta Aravena abordó en una entrevista con radio San Cristóbal los principales puntos dados a conocer por el ente contralor.
El informe número 744 año 2022 realizado al Departamento de Administración de Salud de la Municipalidad de Los Ángeles, fue emitido el pasado 14 de abril del 2023 y comprendió una auditoria para verificar el cumplimiento de los gastos en personal a honorarios en el periodo entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
CONCILIACIONES BANCARIAS SIN ACLARAR
En uno de los puntos dados a conocer por la Contraloría, se dio a conocer que "se determinó que el Departamento de Salud Municipal de Los Ángeles, mantiene una diferencia sin aclarar de $1.325.627, al comparar el saldo bancario del Banco Itaú, con su respectiva conciliación bancaria", en donde agrega el documento que "se determinó la existencia de ítems conciliatorios sin aclarar ascendentes a $743.853.403 y $393.185.483, correspondientes a los bancos Itaú y BCI respectivamente, incumpliendo lo establecido de esta Entidad de Control."
En este punto, la directora comunal de Salud indicó que "año a año se licitan diferentes entidades bancarias para poder trabajar los dineros de las instituciones públicas, y el tema de la conciliación bancaria no era un tema nuestro, era un problema de los bancos que ya habían estado con nosotros, por lo que eso ya se arregló".
Junto con ello agregó que "primero hubo un pre informe, y dentro del primer pre informe, eso ya está conciliado, y lo que quedó pendiente ahora ya en el informe se enviaron las observaciones y ya está completamente subsanado".
PERMISOS ESPECIALES OTORGADOS A FUNCIONARIOS
En el informe se dio a conocer que "se verificó que la señora Marta (Aravena), directora del DAS de Los Ángeles, otorga beneficios adicionales a los pactados en los respectivos contratos de honorarios suscritos entre las partes, como lo es el otorgamiento de permisos especiales similares a los del feriado legal".
En el documento además se agrega que: "Asimismo, dicha instrucción, habría excedido las facultades de dicha directora que legalmente le competen" por lo que "cabe consignar que dicha conducta pugna con el principio de probidad administrativa", solicitando que la "autoridad edilicia deberá ordenar la instrucción de un proceso disciplinario, a fin de investigar los hechos señalados y determinar la responsabilidad administrativa que pudiere afectar a los funcionarios involucrados, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control".
En este punto Marta Aravena precisó que "venían conversaciones con asociaciones gremiales y sindicatos de honorarios en que está la legítima aspiración de las personas que llevan años contratadas a honorarios, y que jamás podían tener ni vacaciones y ni siquiera se podían enfermar porque estaban contratadas por jornadas, no por una prestación que es distinto".
En esa linea agregó que "estas personas llevaban muchos años en esta situación, yo asumí la Dirección Comunal el año 2019, y vimos que era humanitario y de criterio, el poder otorgar algunas facilidades a las personas que llevaban más de tres años contratadas a honorarios, como darle 15 días de permiso".
A lo anterior agregó que "yo digo que este dictamen es contradictorio porque en enero de 2021, la misma Contraloría emite un dictamen que dice que todas las personas que tienen más de tres años contratadas a honorarios, van a tener que pasarlas a planta, entonces se contradice un poco con este informe y con esta observación que hace, si ellos les dan aún más beneficios a las personas a honorarios que nosotros mismo estamos dándoles, o sea, nosotros sólo les dimos 15 días para que pudieran descansar".
"Una de las observaciones que se hace con respecto a esto, fue que hiciéramos un proceso administrativo, se le indica al alcalde un proceso administrativo, y ese proceso administrativo se está haciendo, que es una investigación sumaria".
PRESTACIONES DE SERVICIO CON CUMPLIMIENTO NO ACREDITADO
Otros de los puntos que aborda la auditoría de la Contraloría manifiesta que "se comprobó que, en 187 casos, el municipio pagó un monto de $41.107.980, por prestaciones de servicios cuyo cumplimiento no fue acreditado, debiendo el municipio adoptar las medidas que correspondan para iniciar un proceso de regularización de lo observado, previo traslado al funcionario, y si procede, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener el reintegro o la restitución de las sumas involucradas".
En este punto, la directora comunal de Salud precisó que "en el pre informe eran más de $130 millones de pesos, y nosotros justificamos $90, y esos $40 millones que aparecen ahí dicen relación con algunos temas como por ejemplo que la persona no marca, y ya es responsabilidad personal del prestador, es decir, imagínese que tenemos siete Cesfam, seis Cecosf, mas postas rurales y los SAR y SAPU, entonces tenemos alrededor de 1.500 personas que trabajan con nosotros, entonces generar control sobre la marcación y asistencia de la persona ya es responsabilidad de cada establecimiento".
FALTA DE CONTROL PERMANENTE DE LAS FUNCIONES CONTRATADAS
La contraloría en su informe también aborda la falta de control a las funciones por las cuales fueron contratadas las prestaciones, donde específicamente señala el documento que "se comprobó que la entidad de salud municipal, no efectúa un control permanente y eficiente del cumplimiento de las funciones y/o labores contratadas bajo la modalidad de prestaciones de servicios, por cuanto no consta de los antecedentes proporcionados por ese departamento, un documento o certificado mediante el cual se indiquen las validaciones específicas realizadas por la unidad de contratos honorarios y/o referentes técnicos".
Marta Aravena en este caso señaló que "es bastante amplio y global lo que dice porque indica que no se ejerció control sobre las funciones, pero no especifica qué funciones, y lo que se auditó fue sólo a los trabajadores de honorarios, entonces tal cual a lo mejor no fuimos tan rigurosos en ese periodo para controlar que las personas hubieran cumplido el marcaje, el reloj control de la asistencia".
En esa línea agregó que "en ese periodo, muchas de las personas a honorarios, y en eso también hubo una indicación desde el gobierno central, que se podían hacer conversión de los convenios, porque una de las fuentes de financiamiento nuestra es por convenios y ahí es donde contratamos la gente a honorarios, y una de la cosas que nos decían es que podíamos modificar o convertir a las personas que estaban en convenio a otras actividades (...) entonces ellos nos ayudaban con el tema epidemiológico, los registros epidemiológicos, el Triage que se hacía, las llamadas telefónicas, la atención telemática que todos estos profesionales hacían, entonces era difícil comprobar que esas personas estaban realizando las funciones por las que eran contratadas porque no se podía hacer su función por el tema de la pandemia".
"LA CONTRALORIA HACE SU TRABAJO"
Por último, Marta Aravena reflexionó indicando que "de mi parte, yo creo que la Contraloría hace su trabajo. Personalmente, a mí me hace bien como directora que la Contraloría venga y me audite, porque nuevamente me entrega herramientas de gestión con las que tengo que mejorar mi gestión y la gestión de los directores de los establecimientos".
Junto con ello manifestó que "yo espero que la Contraloría también audite a otras instancias, y creo que si la Contraloría tuviera más recursos humanos podría también auditar a todas las empresas privadas que reciben financiamiento público para su buen uso. Mi llamado a la comunidad es a tomar estos informes como algo que es natural y normal, porque no puede ser que las instituciones públicas no tengamos fiscalización".
MÉDICO CON INCUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL
Uno de los puntos que también registró la Contraloría señala que "se acreditó que un médico especialista, paralelamente a las labores desempeñadas en el Cesfam Dos de Septiembre dependiente del DAS de Los Ángeles, mantenía contratos vigentes con el Hospital Víctor Ríos Ruiz, de la citada ciudad. En dicho tenor, se acreditó que el cuestionado profesional realizó la toma de 871 exámenes en el mencionado Cesfam, en días y horas en que debió haber prestado servicio en el hospital, incumpliendo así su jornada laboral en dicho centro de salud".
A lo anterior agregó que "al respecto, el Servicio de Salud Biobío deberá solicitar los respectivos reintegros, de proceder, previo traslado al funcionario, lo que deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe".
De esta manera, diario La Tribuna tomó contacto con el Servicio de Salud de Biobío, desde donde se dio a conocer que "el Servicio de Salud Biobío y el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz de Los Ángeles, tomaron conocimiento del dictamen. Dado lo anterior, ambas instituciones adoptarán las medidas pertinentes en atención a lo indicado por Contraloría".
