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Los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío en seis regiones, desde Ñuble a Aysén, detendrán sus labores el próximo miércoles 10 de enero en protesta por lo que, acusan, son irregularidades en la administración de la institución.
La movilización es convocada por la Asociación de Funcionarios (AFUN) CAJ Biobío, que cuestiona "directamente la gestión de la seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Claudia Soto, quien ejerce como presidenta del consejo de la CAJ Biobío", según apuntó el ente gremial en un comunicado.
Entre otras demandas, los trabajadores denuncian que, a casi dos años de la llegada del actual gobierno, aún se continúa con un director general interino. Es decir, "sin el nombramiento de un director titular, situación que afecta la eficiencia, transparencia y el clima laboral de la institución". Además, objetan que existan 140 cargos clave con subrogancias, con el 14% del personal de la CAJ Biobío en esta condición.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío y de la Federación de Acceso a la Justicia, Marcelo Inostroza, explicó en diálogo con diario La Tribuna en qué consistirá el paro del miércoles 10 de enero.
"Es un paro de advertencia de un solo día. Se han tomado los resguardos para no vulnerar los derechos de las personas que atendemos. Los abogados irán a las audiencias, pero no habrá atención ni se van a contestar teléfono", precisó.
"Desde octubre del año pasado estamos en periodo de alerta, porque detectamos una serie de cuestiones que no nos parecen pertinentes en la gestión de la corporación", agregó el dirigente.
Dentro de las irregularidades que denuncian, afirman que la corporación presenta una alta cantidad de cargos vacantes, los cuales habrían sido ocupados por "operadores políticos".
"En una planta de mil personas desde Ñuble hasta Aysén, a septiembre del año pasado habían 140 cargos vacantes, un 14% de toda la planta. En ese contexto, nosotros instamos a que esto se subsanara y en ese intertanto se han ido llenando esos cargos en forma transitoria con personas ajenas a la institución. Tenemos bastante reparo, porque lo que nos dicen las unidades es que las personas que se han nombrado muchas veces no tenían la expertiz y el conocimiento para desempeñar esas funciones", aseguró.
"El 31 de diciembre -continúa el dirigente- se le pone término a una serie de estos contratos de interinos que estaban asistiendo a estos cargos vacantes, porque de prorrogarlos se transformaban en contrato indefinido".
Ante esta situación, "se le pone término al contrato de don Gonzalo Soto Godoy que es el jefe de Gabinete de la seremi. No obstante, nos enteramos que el 6 de enero en un Consejo extraordinario la autoridad política decide prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 el cargo de Soto Godoy. Pero en las mismas circunstancias otros funcionarios que desarrollaban labores técnicas sensibles para la corporación son desvinculados".
Entonces, "el operador político es prorrogado con contrato indefinido, mientras que lo demás con labores técnicas son desvinculados", complementó.
A la situación del aludido funcionario, Inostroza expuso también la del jefe de gabinete de la alcaldesa de Santa Juana Ana Albornoz.
"Nos enteramos que se había impuesto la contratación de un señor de nombre Felipe Hernández que era jefe de gabinete de la alcaldesa de Santa Juana. Tiene la profesión de relacionador público y lo estaban nombrando en un cargo técnico como asistente en la corporación. Ese nombramiento quedó sin efecto el pasado jueves después de nuestra asamblea que anunciamos la movilización".
"Estamos viendo que la corporación con todos estos cargos vacantes se está transformando en un nicho que se está poniendo en un montón de personas que no cuenta con la expertiz en desmedro de los usuarios y también de los trabajadores que cuentan con la trayectoria para poder servir a estos cargos, lo que me parece impresentable", concluyó Inostroza.
Diario La Tribuna se contactó con el equipo de comunicaciones de la seremi de Justicia de la región del Biobío, Claudia Soto, comprometiéndose a entregar una respuesta a la brevedad.
La Corporación de Asistencia Judicial de la región del Biobío está administrada por el Consejo Directivo, presidido por el Seremi de Justicia del Biobío, e integrado, además, por el abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades de Concepción y Católica de la Santísima Concepción, y dos abogados del ejercicio libre de la profesión.
A este órgano colegiado le compete adoptar acuerdos en sesiones ordinarias y extraordinarias, acerca de las materias entregadas a su decisión por le Ley Nº 17.995.
La presidente del Consejo Directivo de la CAJ Biobío es la seremi de Justicia Claudia Soto Candia.
-Trato discriminatorio
-Gestión presupuestaria deficiente
-Dilación de concursos
-Gestión deficiente en la defensa de los intereses de la Corporación
-Incumplimiento de la obligación de registrar movimientos de personal en el sistema SIAPER.
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