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En su edición de ayer lunes 26 de febrero, diario La Tribuna publicó un reportaje sobre los problemas que viven trabajadores de la empresa constructora Sierra Alta Spa., debido al no pago de sus sueldos del mes de enero.
El gerente general y representante legal de la compañía, Rodrigo Molina Pinto, aseguró que "se están haciendo todos los esfuerzos (para buscar las soluciones)" y que la razón del atraso se debe a los problemas financieros de la empresa.
Pero esta situación -que ya es una complicación en sí tanto para los trabajadores como para la empresa misma- arrastra a otro problema que afecta a vecinos de la localidad de Villa Mercedes de la comuna de Quilleco.
Resulta que Sierra Alta Spa. es la empresa encargada de la construcción del proyecto "Comité de Vivienda La Esperanza" de Villa Mercedes. Sin embargo, las faenas se encuentran totalmente paralizadas desde la segunda semana de febrero, debido a que los trabajadores decidieron pausar sus funciones como medida de protesta ante el no pago de sus remuneraciones.
Este proyecto es parte del programa Habitabilidad Rural DS N° 10 del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región del Biobío, el cual beneficiará a 50 familias del citado comité, cuyo monto de inversión es de 73.176,32 UF.
La entidad de gestión rural (EGR) del proyecto es la "Sociedad Consultora Dignifica", mientras que la empresa constructora es "Sierra Alta Spa".
Las obras se iniciaron el 13 de marzo de 2023 y el plazo de entrega es el 3 de octubre de 2024. El porcentaje de avance actual es del 24,75%.
La directora regional del Serviu Biobío, María Luz Gajardo, reveló en diálogo con diario La Tribuna que las obras presentan un retraso respecto a cómo deberían estar a la fecha.
"Esta es una obra muy importante y por eso hemos realizado un seguimiento a su realización. Sin embargo, desafortunadamente y desde agosto del año pasado tenemos registros de distintas situaciones, como paralizaciones y no pago de remuneraciones a trabajadores. En ese sentido, al día de hoy lo que tenemos es un retraso de obra de un poquito más de un 30%", señaló.
Según lo que ha podido averiguar diario La Tribuna, las familias del comité se encuentran afectadas por esta situación, ya que temen que la entrega de sus casas se prolongue mucho más del tiempo establecido.
Ante este contexto, la directora del Serviu envió un mensaje de tranquilidad a las familias, asegurando que existen mecanismos para garantizar la continuidad del proyecto.
"Desafortunadamente este es un tema que está previsto, que una empresa tenga dificultades para dar cumplimiento a la obligación contraída con el comité. Pero una situación así tiene un sistema de recontratación en el evento que eso sea que lo que la asamblea determine", detalló.
Respecto a lo anterior, Gajardo explicó que este sistema se comienza a ejecutar a pedido del comité de vivienda y que una vez hecha la solicitud se procede a dar por concluido el contrato.
"Recordemos que los subsidios les pertenecen a las familias, por lo tanto, ellos tienen en el devenir de la obra la tuición principal. Nosotros hemos reestablecido un protocolo de recontratación en caso de ser necesario, en donde si comprobamos los atrasos mediante el resultado de las fiscalizaciones que realizamos permanentemente, lo que corresponde es que se ponga término al contrato, se liquide y se recontrate la obra", subrayó.
Para llevar a cabo aquello, la autoridad precisó que "lo que aquí se hace es pedirle a la entidad de gestión rural que realice cotizaciones con otras empresas constructoras y no que abra un proceso de licitación nuevo, para que así podamos terminar la obra para las familias que lo requieran", recalcó.
"Entonces (les pido) tranquilidad y certezas para las familias, existe un procedimiento que lo tenemos documentado y que lo entregaremos paso por paso, donde acompañamos a la EGR para que se pueda llevar a cabo", aclaró.
La directora regional del Serviu, María Luz Gajardo, explicó los contratos que establecen las familias con la empresa constructora y la EGR, detallando sobre la función de la entidad en dichos tratados para la construcción de viviendas.
"Los subsidios que se otorgan son de propiedad de las familias. Ellos contratan una Entidad de Gestión Rural (EGR), que es la que posteriormente busca una empresa constructora con la que las familias también suscriben un contrato. Nosotros como Serviu lo que hacemos es supervisar y fiscalizar el proyecto que las familias han aprobado y que técnicamente cumple con todos los requisitos nuestros".
Entonces, "lo que existe es un contrato entre las familias y la empresa constructora, y en ese contrato la EGR también es parte y es ella en conjunto con las familias la que debe determinar que ese contrato no ha avanzado como estaba comprometido y que en definitiva quieren cambiar de empresa constructora", sentenció.
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