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El retraso de las obras del "Comité de Vivienda La Esperanza" de Villa Mercedes, ubicado en el sector poniente de la comuna de Quilleco, es un tema que se tomó la agenda de las autoridades locales, provinciales y regionales, debido al inminente término de contrato del proyecto original.
La empresa Sierra Alta Spa., la encargada de construir estas viviendas sociales para 50 familias beneficiadas, presenta serios problemas financieros que la obligarían a declararse en insolvencia y que la imposibilitarían cumplir con el contrato establecido.
Debido a esta situación, se realizó el pasado viernes una reunión entre representantes del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región del Biobío -organismo fiscalizador de las obras-, la Entidad de Gestión Rural (EGR) Sociedad Consultora Dignifica y la empresa constructora Sierra Alta Spa., junto con miembros del comité.
El motivo del encuentro fue para resolver sobre la recontratación de las obras, la cual debe ser solicitada por el comité habitacional en base a los informes de retraso que lleva el proyecto (actualmente con un 24,75% de avance y un 28,9% de retraso).
A la espera de la formalización de esta situación -la que sería informada durante la jornada de este martes-, el alcalde de Quilleco, Rodrigo Tapia, tuvo palabras para referirse a esta problemática, exteriorizando su preocupación en entrevista con diario La Tribuna.
-¿Cuáles son sus impresiones a raíz del retraso de las obras del Comité de Vivienda La Esperanza de Villa Mercedes? Hemos podido saber que las familias están muy afectadas.
Sí, la verdad es que este grupo habitacional Comité Esperanza está muy preocupado, muy complicado, porque la empresa constructora Sierra Alta ha hecho abandono de las obras ya en algunas oportunidades, paralizaciones reiteradas, incumplimientos de contratos respecto de los sueldos impagos e imposiciones. Y con un nulo avance a la fecha de un 24,75% de avance y tiene un retraso del 28,9%. Por lo tanto, la situación es muy compleja para nuestros vecinos y también para la empresa constructora.
-Si bien estos contratos son gestionados y monitoreados por otra institución, ¿qué puede hacer el municipio para apoyar a los vecinos?
En primer lugar, dejar muy claro a la opinión pública que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con los hechos acontecidos, puesto que quienes suscribieron el contrato son precisamente el Serviu con la empresa constructora y también con la entidad patrocinante. Pese a eso, nos hemos puesto en contacto con el Serviu y hemos hecho ‘presión’, entre comillas, para que ellos tomen las medidas que correspondan y puedan darle una salida y una solución a esta situación que aqueja a este grupo habitacional.
-¿Qué tópicos se discutieron en la reunión de la semana pasada?
En este caso, el Serviu tiene muy clara la situación y ellos ya le han solicitado a la entidad de gestión rural el término del contrato, porque la situación ya no amerita otra cosa. De acuerdo con la cláusula vigésima primera del contrato de construcción, donde ahí se indica que el incumplimiento del contrato por parte del contratista le dará derecho a esta entidad de gestión a poner término al contrato.
-Entonces, ¿es posible que se requiera a una nueva empresa para la continuidad de las obras?
Es lo que corresponde, porque lo que ellos (la empresa) aducen es una insolvencia económica, no tienen recursos para avanzar en la labor. Y ante eso y los retrasos que tienen en la construcción, que bordean casi el 29%, amerita que el contrato sea dado término y así el Serviu pueda hacer la gestión y el trámite para contratar a una nueva empresa, que es lo que correspondería hacer. Es lo que hemos conversado con el Serviu y es lo que nos ha manifestado también.
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