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La Fiscalía de Los Ángeles se encuentra bajo sospecha debido a los nexos que se han revelado entre abogados de esta entidad con el narcotráfico, a raíz de la indagatoria que lleva a cabo la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, y que incluyó -de manera inédita- que sus dependencias fueran allanadas en marzo pasado por la Policía de Investigaciones.
Por eso no es de extrañarse la desconfianza que puede existir en la ciudadanía hacia el Ministerio Público angelino por la eventual responsabilidad de -hasta el momento- algunos de sus integrantes, ante la incompatibilidad y a lo menos poco ético en las causas de narcos cuyas abogadas defensoras presentaban un vínculo familiar y comercial vigente con un fiscal en ejercicio de sus funciones.
Para ser más específico, el fiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán Fuica -actualmente suspendido-, está casado con la abogada de narcos Andrea Romero quien, a su vez, es socia de Susana Cortés, también defensora de este tipo de delincuentes. Esta última, asimismo, es la esposa de Patricio Gutiérrez, jefe de la Defensoría Penal Pública.
Ante este contexto, durante la mañana de ayer lunes las personas que circulaban por calle Colo Colo esquina Balmaceda se dieron cuenta de una serie de pancartas colgadas en las afueras del edificio de la Fiscalía de Los Ángeles, con leyendas bastantes elocuentes: "No más abogados ni fiscales corruptos en los juicios de nuestros hijos".
Con el pasar de los minutos, se reveló que los autores de aquellas consignas correspondían a familiares de Sebastián Seguel Espinoza, joven asesinado en febrero de 2022 a causa de múltiples disparos cuando se encontraba en esquina Los Apaches con Yucatán, en Villa Las Américas, en el sector sur de Los Ángeles.
Sebastián Seguel tenía 18 años cuando el 6 de febrero de 2022, estando al interior de un vehículo, murió al recibir nueve disparos. Su acompañante, en tanto, identificado como Carlos Corzo Torres, quedó parapléjico, con lesiones de traumatismo raquimedular dorsal T10.
Por los cargos de homicidio en grado de consumado y frustrado fue formalizado Brandon Alexis Burgos Saavedra. Sin embargo, tras la finalización de los cinco meses que se dieron de investigación, recién en noviembre del año pasado se realizó el juicio donde el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Los Ángeles absolvió al imputado al no considerar suficientes las pruebas presentadas por la fiscalía.
Este hecho despierta suspicacias en la familia de Sebastián Seguel, ya que las abogadas defensoras de Burgos Saavedra son Andrea Romero y Susana Cortés.
Lo anterior, fue comprobado por La Tribuna al revisar un documento disponible en el sitio web del Poder Judicial.
La familia de Sebastián Seguel presentó un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Concepción debido al fallo del TOP de Los Ángeles, lo que fue acogido por el tribunal de alzada. Debido a esto, se espera un nuevo juicio del caso, fijado para finales de este mes.
Pero debido al revuelo y connotación que ha generado los posibles nexos de la fiscalía local con el mundo del narcotráfico, la familia de Sebastián Seguel pide encarecidamente que las abogadas Romero y Cortés, quienes registran como defensora del imputado en la causa del crimen contra el joven que tenía 18 años al momento del homicidio, no figuren en el citado juicio. Así lo manifestaron a La Tribuna y en los carteles que desplegaron ayer en las afueras de la Fiscalía.
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