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Desde esa fecha, su muerte es un enigma, marcado por una investigación que avanza lentamente, mientras su familia, amigos y parte de la ciudadanía se une para buscar justicia por su deceso.
La versión oficial del Ejército apunta a que se trató de un suicidio, pero su familia sostiene otra versión que cada día se hace más fuerte considerando las inconsistencias que se han presentado durante el proceso de investigación y el hostigamiento recibido por parte de sus superiores, que la militar denunció formalmente previo a su muerte.
En paralelo, la madre de la joven, Ivette Muñoz, quien se ha movilizado sin descanso por su hija, denuncia que la Fiscalía Militar no ha aportado pruebas concluyentes para respaldar la versión oficial y buscan cerrar el proceso de investigación que, año a año, continúa aplazándose.
El 31 de octubre de 2021, Ivania, quien estaba a dos semanas de contraer matrimonio, fue citada a reunión con los capitanes Gonzalo Herrera y Gonzalo Valenzuela y otro oficial en el destacamento.
Según indica la madre de la joven, varios testigos vieron entrar a Ivania a la oficina donde fue citada, pero no hay registros de que saliera.
Posteriormente, Ivania, quien se encontraba en su día libre, llamó a su prometido para expresarle que estaba agotada de los constantes hostigamientos que recibía por parte de sus superiores, sin embargo, añadió que se quedaría en el recinto para cumplir con sus funciones que comenzaban a las 18 horas de ese día.
Ante la preocupación por su estado, su novio fue a su dormitorio ubicado en el casino del Destacamento, y al abrir la puerta se encontró con Ivania tendida en el piso, sin signos vitales y con una mano tomada de una silla.
Un pre informe de autopsia realizado en el lugar del suceso reveló que la subteniente presentaba un golpe en la nuca que no era lo suficientemente grave como para ser considerado causa de muerte, sin embargo, los médicos determinaron que se trató de muerte por asfixia.
Un dato importante es que todas grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto militar de aquella jornada fueron borradas.
Asimismo, su computador personal desapareció de la habitación de Ivania el mismo día que fue encontrada fallecida, no se supo de su paradero durante una semana antes de ser devuelto, según relata su madre.
Su familia desmiente la versión entregada por el Ejército, asegurando que a pesar de tener constancia de los maltratos a los que era sometida Ivania, aun así se veía como una persona feliz con sus amigos, familiares y pareja.
Según el documento de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Valdivia, Ivania fue víctima de acoso y hostigamientos por parte de algunos de sus superiores en numerosas oportunidades.
Describen llamados de atención a gritos, órdenes que no estaban bajo las correspondencias de los conscriptos, revisión de los dormitorios en altas horas de la noche, además de interpelaciones por su forma de vestir, de caminar y sobre los gustos que Ivania tenía en su vida fuera de milicia.
"Ivania había sido ordenada de investigar la muerte de una paloma que se había encontrado en las dependencias del recinto militar", relató Cristian Opazo, abogado de la familia de Ivania, reflejando el trato que los superiores tenían con la oficial.
Entre enero de 2019 y septiembre de 2022, la institución militar remitió al Ministerio de Defensa los antecedentes de 29 denuncias por acoso laboral de 33 funcionarios de la institución.
Tras el deceso de la subteniente, su madre inició una serie de denuncias para procurar hacer justicia por su hija, lo que dio pie en dos sumarios administrativos en contra de sus oficiales.
En el primero, Muñoz declaró que su hija había denunciado -con anterioridad- hostigamientos por parte de sus superiores. Sin embargo, el coronel Raúl Ferreira, no habría impulsado nuevas diligencias y solo le informó sobre los beneficios económicos que recibiría como madre de la fallecida.
Ante su insistencia, se realizó una segunda investigación administrativa, que concluyó con sanciones a cinco personas por acoso y hostigamiento. Uno de ellos fue el oficial Raúl Ferreira, quien, según Muñoz, no tomó medidas para proteger a Ivania pese a conocer su situación.
El caso, investigado por la Fiscalía Militar, ha cambiado de manos en varias ocasiones. Inicialmente estuvo a cargo de un fiscal en Angol, quien procesó a Gonzalo Herrera antes de ser removido.
Luego pasó a otro fiscal en Concepción, quien, según Muñoz, no realizó avances significativos durante los meses que estuvo la causa bajo su disposición. Posteriormente, la indagatoria pasó a manos de un fiscal en Temuco.
El Ejército confirmó mediante un comunicado oficial en 2022, que "se habían ordenado instruir dos sumarios administrativos, dándose la primera por concluida, mientras que en la segunda, se dictó una resolución final y actualmente se encuentra en procesos administrativos".
A raíz de estos sumarios, cinco oficiales fueron investigados por el caso, resultando en la separación de tres de ellos del servicio. Sin embargo, la familia no tiene acceso a los detalles sobre los avances en la investigación de la Fiscalía Militar, señalando que el caso sigue en tramitación.
Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que la ministra Maya Fernández solicitó que la Fiscalía General Militar se hiciera parte de la causa en enero de 2023.
Mientras la investigación sigue en curso a paso lento, la familia de Ivania Echeverría continúa exigiendo respuestas.
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