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El hecho, catalogado -por varios sectores- como un acto terrorista, afectó gravemente a la infraestructura del proyecto energético y ha generado preocupación por su impacto en el desarrollo económico y social de la región.
La organización gremial expresó su solidaridad con los trabajadores afectados, sus familias y las comunidades cercanas, subrayando que este tipo de hechos comprometen directamente la calidad de vida en sectores alejados de los centros urbanos.
En la declaración conjunta, firmada por entidades como CPC Biobío, CORMA, Socabio, IRADE, la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción y otras, los gremios destacaron el rol estratégico del Biobío en el sistema eléctrico nacional.
La región aporta más del 15% de la energía producida en Chile y posee condiciones favorables para el desarrollo de energías limpias, especialmente en las provincias de Biobío y Arauco.
La Central Rucalhue forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía, por lo que su afectación representa un retroceso significativo en materia de inversión y sostenibilidad energética.
Ante esta situación, los gremios hicieron un llamado urgente al Gobierno y, especialmente, al Ministerio de Seguridad para que se utilicen todas las herramientas del Estado en la desarticulación de los grupos responsables de estos actos.
Insistieron en la necesidad de aplicar la Ley Antiterrorista y avanzar en medidas más efectivas que superen el actual estado de excepción.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su compromiso con el desarrollo regional y su disposición a seguir promoviendo la inversión y el empleo, aunque advirtieron que dicho crecimiento dependerá de la capacidad del Estado para asegurar un entorno seguro y propicio para el progreso.
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