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La propuesta fue presentada durante la segunda sesión del Consejo Regional de Seguridad y Prevención del Delito, desarrollada la semana pasada. En la instancia se oficializó que este nuevo plan reemplaza la lógica de los delitos priorizados por un modelo enfocado en áreas críticas detectadas en los territorios.
Según explicó el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, la estrategia contempla tres ejes principales: el control y la fiscalización del armamento; la prevención y respuesta a episodios de violencia en establecimientos educacionales y de salud; y un despliegue territorial diferenciado para cada comuna del Biobío.
En conversación con Diario La Tribuna, la seremi Paulina Stuardo explicó que la estrategia se compone de dos planes: el de prevención de la violencia y el de seguridad pública. Ambos se integran al Plan Regional contra el Crimen Organizado, con el objetivo de articular respuestas frente a fenómenos como robo de madera, contrabando o tráfico de cobre.
La autoridad precisó que ya comenzó un proceso de coordinación directa con los 33 municipios de la región.
Uno de los principales mecanismos será el envío de minutas comunales por parte de cada municipio. Dichos documentos identificarán los barrios complejos, las amenazas específicas y las instituciones que deberían involucrarse en la respuesta. De esta manera, la estrategia busca aterrizar los diagnósticos con la percepción local de la inseguridad.
La seremi ejemplificó con Los Ángeles, donde se definió un foco de trabajo junto a la Dirección de Seguridad Pública y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. El objetivo es abordar el comercio ambulante y los conflictos asociados mediante una fuerza de tarea interinstitucional.
Otro aspecto clave de la estrategia regional es su carácter multisectorial. Además de las instituciones establecidas por ley —como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez— se sumarán actores sociales, gremiales y comunitarios.
Stuardo detalló que ya se iniciaron reuniones con las Cámaras de Comercio de Concepción y Los Ángeles, con gremios de salud municipal y con el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) para reforzar acciones preventivas. A esto se agregan organismos como Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Registro Civil y Gendarmería, cuya participación se considera clave en territorios fronterizos o rurales.
La seremi subrayó la necesidad de un enfoque especial para la ruralidad.
En el caso de los municipios cordilleranos se coordinan reuniones que incluirán a las Fuerzas Armadas y servicios especializados, dada la importancia del control de rutas y flujos en zonas fronterizas.
Stuardo concluyó que esta nueva estrategia tendrá un carácter dinámico, evaluado mensualmente para ajustar las medidas según evolucionen los problemas de seguridad.
1. Control y fiscalización en materia de armamento.
2. Episodios de violencia en establecimientos educacionales y centros de salud pública.
3. Despliegue territorial en cada comuna.
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