Plantean implementar "gestión de aguas del futuro" pensando en todos los usuarios del recurso

Es necesario generar una administración de las aguas para su distribución equitativa a los distintos usuarios, planteó a diario La Tribuna el gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza. Subrayó asimismo que se debe acelerar la inversión en infraestructura de aprovechamiento del recurso, que evite que se pierda y así poder satisfacer las necesidades tanto de quienes la utilizan para consumo, riego, el turismo y el saneamiento.  

Hemos tenido que adecuarnos al cambio climático, esta institución es más que centenaria y no hace mucho tiempo aquí había una cultura de abundancia de agua, indicó Sanhueza, advirtiendo que al no haber una restricción de la disponibilidad, no había que preocuparse mucho en términos de la gestión del agua, realidad que hoy ha cambiado radicalmente.

Esta condición nos obliga a tener una mayor sensibilidad respecto del manejo que se haga de las aguas, llevándonos a relacionarnos mucho más con otras organizaciones que también obtienen agua desde el río Laja, explicó añadiendo que también han llegado a convenios de operación, con restricciones para todas las partes, de manera que se haga una distribución justa de las aguas, preocupándonos también de la calidad de las aguas.

El vocero de los canalistas expuso que los desafíos van desde el punto de vista de la gestión en términos de hacer el mejor uso de las aguas para distribuirla equitativamente, así como en no perder este recurso tan escaso en el proceso de traslado desde sus fuentes a los puntos de uso.

HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE

En materia de infraestructura de aprovechamiento hídrico, Héctor Sanhueza valoró la ley 18.450 que nos ha ayudado a acelerar la inversión en infraestructura de fomento a la inversión en riego. Sensibilizar a la sociedad en general respecto de la importancia del uso eficiente del agua también debiera ser parte de la gestión, agregó al tiempo de considerar que las juntas de vigilancia son en esta situación de estrechez, imprescindibles, les corresponde por ley distribuir las aguas entre todos los usuarios.

Aseveró que de forma especial, la Asociación de Canalistas participa de la Junta de Vigilancia del Laja, que está en formación. Cuando el agua no alcanza para satisfacer todos los usos, es muy importante que exista esta figura. Se debe distribuir con justicia las aguas, sin favorecer a quienes están aguas arriba, que tienen la posibilidad de captar el 100 por ciento de esta, en desmedro de quienes están aguas abajo. No obstante, aclaró que en definitiva, las juntas de vigilancia vienen a distribuir a prorrata las aguas.

Héctor Sanhueza se mostró convencido respecto a que es imprescindible sentarse a una mesa, constituida por las Juntas de Vigilancia, lugar donde se reúnen los usuarios, cualquiera sea el uso del agua. Ya está claro que el cambio climático llegó para quedarse y por lo tanto la disponibilidad de agua que tengamos siempre va a ser escasa en relación a la demanda que exista. Eso nos obliga a agudizar el ingenio y tratar de llegar a fórmulas de operación que represente el uso que tiene el agua, socialmente y en todos sus ámbitos.

Entre las actividades que se debe considerar para un uso responsable del agua, el dirigente mencionó la generación hidroeléctrica, la actividad industrial y en nuestro caso la agricultura, al igual que el valor escénico del agua, no asociado a un derecho de aprovechamiento pero altamente apreciado por la sociedad. Sobre este último uso, Sanhueza dijo que merece ser considerado en la distribución de las aguas, particularmente en nuestra región es muy importante, y el ícono más relevante de eso es el ejemplo de Saltos del Laja.

NUEVA CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HÍDRICA

Sobre el trabajo de la Convención Constituyente en temas referidos al agua, el gerente de la Asociación de Canalistas del Laja planteó que la mayoría de sus representantes quiere cambiar la forma en que se aprovechan los recursos en el país. Históricamente, desde que Chile es república, los derechos de aprovechamiento fueron derechos de propiedad.

En este sentido, Sanhueza explicó que esta determinación partió de la base que el agua es un recurso nacional de uso público, donde lo que se otorga es un derecho a aprovecharlo, lo que se pretende ahora es transformar ese derecho en una autorización administrativa. El problema de lo anterior, según el titular de los canalistas, es que estas autorizaciones tienen una fecha de inicio y de término, además no se ha definido quién la va a otorgar ni en virtud de qué la va a autorizar. Al hacer un análisis más completo de la propuesta constitucional, esta no puede remitirse a los seis artículos que hablan del agua para ver cómo se afecta el uso del recurso hídrico. A su juicio, estos mecanismos serán entregados por el Estado dentro de ciertos objetivos, entre los que se cuentan asegurar el agua potable, articular el saneamiento y el bien colectivo, los tres objetivos por los que se puede dar una autorización administrativa. ¿Dentro de cuáles van a caber las actividades productivas?, concluyó.