¿Qué piensan los chilenos sobre el Estado como administrador de sus pensiones?

El sistema de pensiones en Chile ha sido objeto de debate y controversia durante años, y las propuestas para reformarlo han generado diversas opiniones entre la ciudadanía.

Una de las cuestiones que se plantea es si el Estado debería tener un rol más activo en la administración y gestión de los ahorros previsionales, o si estos deberían seguir siendo manejados por entidades privadas.

Un reciente estudio realizado por Criteria, por encargo de la Asociación de AFP, revela que hay una "mayoritaria desconfianza en el Estado como administrador y percepción de riesgo de mal uso de los fondos con fines políticos".

Según la encuesta, realizada la segunda quincena de agosto, solo el 27% se siente seguro con que el Estado administre su cuenta a que lo hagan los privados. Mientras que el 43% está en desacuerdo con una medida así, y el 30% no tiene una posición definida.

Asimismo, el 48% desconfía del Estado como administrador de su fondo de pensiones. El 59% está de acuerdo con que si su fondo de pensiones es administrado por el Estado, será mal utilizado por los políticos.

Estos resultados muestran una baja confianza en el rol del Estado como gestor de los recursos previsionales, y una alta percepción de riesgo de corrupción o malversación.

Por otro lado, el estudio también muestra que el sector privado tiene una mejor valoración en cuanto a la gestión y la calidad del servicio. El 54% está de acuerdo en que si la administración del servicio fuera entregada solo por una entidad estatal, habría más burocracia y lentitud en la atención.

El 51% está de acuerdo en que el Estado sólo debería dedicarse a regular y no a administrar  los ahorros previsionales.

Estos datos reflejan que los chilenos tienen una visión crítica sobre el papel del Estado en el sistema de pensiones, y que prefieren mantener un modelo basado en la libre elección y la competencia entre entidades privadas.

Sin embargo, también hay demandas por mejorar las condiciones y garantías del sistema actual, así como por incorporar mecanismos solidarios que permitan mejorar las pensiones más bajas.