Regantes del Laja y Asociación Canal Zañartu vuelven a enfrentarse por uso de aguas para regadío

Un nuevo capítulo se está escribiendo en la controversia que enfrenta hace más de una década a las dos principales organizaciones de regantes de la zona: La Asociación Canal Zañartu y la Asociación de Canalistas del Laja.

¿La razón? El uso de las aguas del río Laja, que irriga miles de hectáreas en la provincia de Biobío.

En febrero, el recurso hídrico es fundamental para el normal desarrollo de los cultivos y plantaciones de cientos de agricultores, mayoritariamente en las zonas de Cabrero y Los Ángeles.

Según la Asociación de Canalistas del Laja (ACL), sus pares del Canal Zañartu siguen extrayendo agua de manera "ilegal" desde el Sistema Laja, por sobre el máximo que le permiten sus derechos de aprovechamiento. Aseguraron que en los primeros 25 días de este 2024, Canal Zañartu habría captado aguas en exceso por un volumen de 15,7 millones de metros cúbicos "y que, de no poner freno inmediato a este abuso, al final de la temporada de riego ese volumen será cercano a los 50 millones de metros cúbicos".

La respuesta no es hizo esperar y se apuntó a Colbún como responsable. Los aludidos aseguraron que a denuncia "es otra más de las incontables tácticas de desprestigio que un grupo de usuarios del río Laja -liderados por Colbún S.A.-, empresa que ha venido realizando por largos años distintas acciones en contra de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu".

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL LAJA

Según la Asociación de Canalistas de Laja, estas extracciones ilegales impactan negativamente en los demás usuarios de la cuenca, como los agricultores, generadores eléctricos y desarrolladores turísticos, ya que, debido a la ubicación del punto de captación del Canal Zañartu, en las nacientes del río, los excesos de agua extraídas ya no regresan al cauce original sino a la cuenca del río Itata.

"La situación descrita se suma a la larga disputa que distintos usuarios de aguas mantienen con la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, por la permanente actitud de esta última de extraer el recurso en cantidades superiores a la que le permiten sus derechos. Adicionalmente, está realizando obras y actividades que deberían haber contado con la correspondiente autorización de la autoridad administrativa y con la respectiva evaluación ambiental previa, nada de lo cual se ha hecho en la práctica", indicó Germán Hermosilla, presidente de organización de regantes. 

El abogado de los canalistas del Laja, Carlos Ciappa, recordó que "la situación se encuentra judicializada desde el año 2020, existiendo una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, confirmada por la Corte Suprema".

Dicha sentencia ordenó que la Dirección General de Aguas (DGA) estableciera que el máximo que puede extraer el Canal Zañartu alcanza a 22,6 m3/s y que sus extracciones por sobre ese caudal sería ilegales, según el profesional.

"Lamentablemente, en un pronunciamiento de fines de 2023, la Dirección General de Aguas (DGA) ha contribuido a generar confusión e incertidumbre al dictar una resolución mientras esta materia se encuentra siendo analizada en al ámbito judicial. Lo más grave es que, administrativamente, la DGA ha pretendido aumentar, sin justificación legítima alguna, el tope máximo de extracción, sin esperar el pronunciamiento final de la justicia".

Ciappa añadió que "la misma resolución y, lo más importante, el propio director general de Aguas en declaración ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señaló expresamente que la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu sólo podía captar un máximo de 22,6 metros cúbicos por segundo, pues no contaba con obras autorizadas por la propia DGA para extraer mayores caudales y que, además, esa obra debería pasar por el proceso de evaluación ambiental, requisito que tampoco cumplía. Sin embargo, saltándose todos estos requisitos, el Canal Zañartu sigue extrayendo más aguas que las que le corresponde, al margen de la ley".

Germán Hermosilla aseguró que en los primeros 25 días del 2024, la Asociación Canal Zañartu, habría captado aguas en exceso por un volumen de 15,7 millones de metros cúbicos y que, "de no poner freno inmediato a este abuso, al final de la temporada de riego ese volumen será cercano a los 50 millones de metros cúbicos. Es importante señalar que estos volúmenes captados ilegítimamente han debido ser extraídos desde el lago Laja afectando su tan deseada recuperación".

Los representantes de la Asociación de Canalistas del Laja precisaron que, "además de la ilegalidad de extraer por sobre el derecho y el daño que genera al resto, esta actitud se contrapone con la del resto de los usuarios consuntivos de la cuenca, que desde 2017 han hecho ahorros y esfuerzos notables por recuperar el nivel del lago Laja, desentendiéndose el Canal Zañartu de ese esfuerzo colectivo y sin siquiera acreditar el número de hectáreas a regar que se condiga con los caudales que ilegítimamente extrae".

Los directivos de los regantes del Laja exhortaron a las autoridades a adoptar "las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho en esta materia y terminen con esta actitud abusiva de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, para evitar la afectación a otros usuarios. Lo anterior es especialmente urgente, ya que el despilfarro de aguas por parte del Canal Zañartu se da en un escenario por todos conocido de escases hídrica".

ASOCIACIÓN CANAL ZAÑARTU

Al respecto, la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu respondió a las imputaciones de sus pares del Canal de Laja, aunque apuntando a la empresa Colbún como la principal responsable: "Podemos decir, con seguridad, que esta es otra más de las incontables tácticas de desprestigio que un grupo de usuarios del río Laja -liderados por Colbún S.A.- empresa que ha venido realizando por largos años distintas acciones en contra de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu".

A través de Felipe Trenova, director de la organización de regantes, "solo puedo opinar que la Asociación de Canalistas del Laja ha hecho un relato parcial, acomodado y derechamente falso".

Para revelar lo anterior, aseguraron que "basta señalar que la matricula del Canal Zañartu está debidamente inscrita y vigente en el respectivo CBR de Yumbel desde el año 1930".

Sin embargo, añadió, "Colbún S.A., concertado con otros actores de la cuenta, Hidroeléctrica Engie y, entre otros, la Asociación de Canalistas del Laja, ha comandado una cruzada de desprestigio y hostigamiento hacia la ACCZ, con el objetivo de que "se dejen sin efecto" parte de los derechos de agua que administra nuestra Asociación que, por cierto, no son de propiedad de la Asociación sino que pertenecen a cientos de regantes, y que han sido ejercidos legítimamente y transmitidos de generación en generación, tanto la tierra como la dotación de agua".

"Esta Asociación de Canalistas Canal Zañartu como corresponde, aportó a DGA toda la información soportante (debidamente documentada) que está siendo actualmente revisada y, que no todas las organizaciones de usuarios de la cuenca han hecho", comentó Trenova.

El directivo recordó que "todo agricultor tiene el derecho para que, frente a cualquier reparo, subsanarlo, amparándose en las disposiciones del articulado transitorio del nuevo Código de Aguas, que confirió un plazo para ello, el que se encuentra vigente".

El representante de Canal Zañartu reconoció que "esta situación ha sido muy desgastante para nuestros asociados, hemos tenido que defendernos por más de una década de las acciones infundadas ejercidas en nuestra contra y que, lamentablemente, aún no llegan a término".

De acuerdo al representante, "la denuncia formulada por Colbún es un conflicto que se encuentra judicializado, por lo que no corresponde hacer afirmaciones al respecto, menos del tenor de las sostenidas por los representantes de la ACL, especialmente el abogado Ciappa quien fuera jefe legal de la DGA, las cuales son totalmente alejadas de la realidad y solo buscan manipular a la opinión pública".

Trenova recordó que el Canal Zañartu es una de las asociaciones de usuarios más antiguas de la Región del Biobío, "con más de 150 años de existencia, con cuyas redes de canales antiquísimas, se abastece de agua a las comunas de Tucapel, Yungay, Cabrero, Yumbel e, incluso, Quillón, por lo que con estos ataques no se está dañando solo a la Asociación, sino que a miles de legítimos usuarios de agua".

Recalcó que "hemos concurrido a todas las instancias para procurar un manejo integrado de la cuenca y que cuando la hidrología no es suficiente, el prorrateo resulta ser el recurso disponible y la medida más amistosa para enfrentar, entre los poseedores de DAA, las contingencias de la sequía".

Además, el directivo de la organización afirmó que "están en contra del ejercicio de derechos eventuales en estos periodos de escasez y creemos interpretar a la totalidad de los usuarios que hacer uso de derechos eventuales sí es un abuso mayúsculo. A pesar de que el rio está declarado agotado desde 1952, la ACL y Colbun consiguieron que la DGA les otorgara derechos eventuales, cuyos expedientes contienen la oposición de los restantes usuarios de la cuenca".