Generaron inmediata respuesta las declaraciones del alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, quien durante la sesión del Concejo Municipal abordó la situación de la feria libre del sector Santiago Bueras (en el área poniente de la ciudad), incluso planteando la posibilidad de su cierre.
Aunque posteriormente morigeró su postura, aclaró que su intención es tomar "las medidas necesarias" para no afectar a los residentes del sector que reclaman por la ocupación de calles y pasajes por parte de los feriantes.
Uno de los primeros en reaccionar fue Víctor Enrique Orellana Parra, vicepresidente de la Federación Nacional de Ferias Libres, quien a través de su perfil en Facebook, lamentó los dichos del jefe comunal. "Deja claro que no se reúne con los afectados y sus resoluciones son a puertas cerradas, entre cuatro paredes, seguramente con funcionarios que no trabajan en terreno", cuestionó Orellana.
Además, afirmó que la federación respalda completamente al sindicato local que lidera María Zúñiga y que están en "alerta en caso que haya que viajar a comenzar una lucha social por la dignidad al trabajo".
Desde su perspectiva, el rol de las ferias libres es fundamental para la población y la seguridad alimentaria. "La feria es de suma importancia para más del 80 % de la población y necesaria, según FAO, para la soberanía alimentaria. Hoy hay ferias que en los fines de semana trabajan con 8 mil a 10 mil personas", enfatizó.
En este contexto, hizo un llamado a la autoridad local a dialogar con los feriantes, recordando que muchos de ellos pertenecen a la tercera y cuarta edad y continúan trabajando debido a sus bajas pensiones.
La génesis del conflicto viene de la última sesión del Concejo Municipal, el concejal Daniel Badilla expuso que la normativa vigente establece un límite de 250 puestos en la feria, cifra que habría sido ampliamente sobrepasada, alcanzando más de 500. La situación ha generado un creciente malestar entre los vecinos del sector, quienes acusan que la feria ha invadido calles y pasajes adyacentes, especialmente a lo largo de la avenida Bombero Francisco Rioseco.
Según denuncian los residentes, además del colapso vial y las dificultades para circular en el sector, algunos vecinos que han intentado manifestar su descontento han sido intimidados y agredidos verbalmente por algunos vendedores informales. Además, acusan problemas de higiene, ya que los comerciantes dejan mercadería sobrante en la vía pública, generando focos de basura.
El alcalde Pérez Arriagada reconoció las quejas y planteó la necesidad de tomar medidas drásticas. "Hemos recibido numerosos reclamos al respecto, por lo que debemos tomar una decisión definitiva: se ordena de forma definitiva o tendremos que eliminarla", señaló inicialmente, para luego matizar sus declaraciones, asegurando que su intención no es cerrar la feria, sino garantizar el respeto a los vecinos y actuar con altura de miras.
Desde el gremio de los feriantes, la presidenta del Sindicato N° 6, María Zúñiga, afirmó que los comerciantes que llevan más de 30 años trabajando en el sector no son responsables del desorden denunciado. "Hemos sido invadidos por personas que se dedican a vender de todo", sostuvo, señalando que el problema se agravó desde 2023 ya que además de los problemas con los vecinos, les han causado una merma en las ventas. Según indicó, han solicitado soluciones al municipio sin obtener respuestas concretas.
Zúñiga explicó que su organización, que cuenta con 355 socios permanentes y 155 eventuales, sigue ocupando el mismo espacio que les fue asignado hace tres décadas en calle Santiago y parte de los pasajes Chacabuco y Lago Todos los Santos. Sin embargo, el comercio informal ha ido expandiéndose, copando calles como Galvarino y Bombero Rioseco, afectando la libre circulación de personas y vehículos.
La dirigenta también denunció que algunos de estos comerciantes informales han adoptado actitudes violentas cuando se les ha intentado fiscalizar. "Nos han amenazado con armas de fuego", advirtió, por lo que considera que la solución debe involucrar la intervención de Carabineros e inspectores municipales para retirar a quienes operan sin autorización.
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