Casa García argumentó que deudas por más de $5.300 millones obligaron a pedir la quiebra

Corría el 5 de agosto de este año cuando las abogadas Yoanina Herrera y María Alicia Albornoz, en representación de la sociedad Abad, García y Pons SpA, ingresaron un escrito al Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles.

Se trata del documento, el primero de su tipo, en que las profesionales solicitan la liquidación voluntaria (quiebra) de Casa García, amparándose en la Ley 20.720 sobre de insolvencia y reemprendimiento (que reemplazó a la conocida Ley de Quiebras).

Ese fue el inicio del proceso legal en que la tradicional tienda angelina comenzó a pavimentar el camino para el cierre de sus operaciones comerciales después de 86 años de existencia. ¿La razón? Según la empresa, la imposibilidad de cumplir con sus acreedores.

El pasado 14 de septiembre, después de la presentación de documentación adicional, el tribunal accedió a la solicitud de petición de quiebre y designó como liquidadora titular a Bernardita Alejandra Lavín Valdés, residente en la Región Metropolitana.

También, la instancia judicial advierte al público y a los proveedores en el sentido de no pagar ni entregar mercaderías a la empresa deudora, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas. Las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor deberán ponerlos dentro del tercer día a disposición del liquidador.

Por lo pronto, aunque la tienda sigue con sus puertas abiertas, los empleados contratados - algunos de los cuales sumaban más de 30 años de funciones en la misma empresa - están sumidos en la más completa incertidumbre respecto del pago de sus sueldos, cotizaciones previsionales, finiquitos, indemnización por años de servicio, entre otros.

Se trata de un grupo de 45 trabajadores, los cuales dejaron de prestar servicios en abril pasado para acogerse a la suspensión de su contrato, bajo la Ley de Protección del Empleo, que les permitía mantener el vínculo contractual mientras percibían ingresos con cargo al seguro de cesantía.

Sin embargo, cuando debían retomar sus labores por el término del beneficio - que se implementó a raíz de la pandemia del coronavirus -, fueron informados de la aceptación de la solicitud de quiebra.

MILLONARIAS DEUDAS

En la nómina de acreedores que Casa García presentó al tribunal angelino, se declara un monto adeudado a la fecha de $5.346 millones. Sin embargo, de ese total, cerca de la mitad ($2.686 millones) corresponderían a préstamos sin documentar que fueron otorgados por familiares de la misma empresa. De hecho, el mayor acreedor es el propio Rafael Abad García, quien figura como representante legal de la compañía a quien se le adeudaría poco más de $1.202 millones. En segundo lugar, está Comercial e Inversiones Principado por $686 millones, cuyo domicilio está en la misma tienda. También otras empresas con la misma dirección, como la Sociedad de Inversiones Campomanés ($136 millones), la Sociedad Comercial e Inversiones Campoamor ($544 millones) y la Comercial Asturias ($25 millones).

En el desglose entregado a la instancia judicial, se reconocen facturas por pagar en $823 millones, otros $479 millones por pagarés, $371 millones correspondientes a facturas con proveedores extranjeros (principalmente de España), cheques ($316 millones), entre otros.

En  materia laboral, solo se admiten deudas por $13 millones correspondientes al pago de cotizaciones previsionales aunque los empleados aseguran que éstas no se han pagado desde marzo pasado.

En el mismo documento, se reconoce también la existencia de una serie de juicios, especialmente civiles, relacionado con el cobro de facturas, pagarés y cheques aunque no se precisan los montos ni los acreedores comprometidos.

RAZONES

En los documentos presentados en el tribunal de Los Ángeles, que están disponibles en el sitio web del Poder Judicial, las profesionales que representan a la empresa explicaron las razones por las cuales la tienda debió pedir la quiebra.

Básicamente, son cinco:

1.- La caída sostenida de las ventas producto de la competencia en el rubro del retail (en 2017 tuvieron ventas por $7.000 millones y el año siguiente cayó a $4.200 millones).

2.- Los elevados gastos operacionales que atribuyeron a un sistema un modelo de operaciones añejo y obsoleto.

3.- Las apertura de una tienda en Chillán que tuvo un costo de 750 millones de pesos que no habría generado ganancias.

4.- Los efectos del estallido social de octubre del año pasado que redujo los horarios de funcionamiento.

5.- El cierre del local en la atención a público, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.