Tras el rechazo a la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, que se votó el miércoles 8 de marzo en la Cámara de Diputadas y Diputados, diversas han sido las reacciones en favor y en contra de la iniciativa.
Sin embargo, ¿qué significa en la práctica esta determinación? ¿Cuáles podrían ser las eventuales consecuencias para la ciudadanía? Diario La Tribuna formuló estas y otras interrogantes al economista y académico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás Los Ángeles, Manuel Chong, quien partió señalando que “esto quiere decir que se rechazó el hecho de poder discutir lo que tenía esta reforma tributaria, que en cierto sentido tenía cosas positivas como también negativas”.
Chong corroboró que con los recursos de esta reforma se tenía previsto financiar gran parte del programa de gobierno, “cada una de las demandas sociales que quiere cubrir el Gobierno actual, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) pasando de 206 mil a un valor de 250 mil. Con esta reforma se quería recaudar fondos para poder dar hincapié a este aumento constante. Por otro lado, se quería seguir avanzando hacia mejoras en programas como por ejemplo el de sala cuna, la reducción de la lista de espera de los hospitales, o los recursos para otras regiones. Entonces, iba a obtener el financiamiento para dar hincapié a cada uno de esos temas, que son muy importantes bajo la presión fiscal y social que tiene nuestro país actualmente”.
¿Y qué aspectos negativos presentaba la propuesta? A juicio del economista, “algunos aspectos negativos en el caso, por ejemplo, es la desintegración, porque justamente uno de los puntos en los cuales ya no se pudo avanzar y poder llevar a cabo el análisis, tiene que ver con mantener un sistema semi integrado que hay en la economía”. Esto, a la larga, podría producir dificultades en la inversión.
“Lo otro negativo por no haber legislado esta reforma tiene que ver con el impuesto corporativo para las pymes. Cuando estuvimos en pandemia el impuesto para estas pymes era de 25%. Dado la pandemia y para poder afrontar este impacto económico, este impuesto se bajó al 10%. La reforma planteaba llegar a un 25%, pero con una gradualidad”.
Añadió que en el actual escenario, este impuesto “va a volver de una forma rápida y abrupta a partir de este año a un 25%, es decir, no va a haber esa gradualidad para que las pymes puedan crear expectativas y planificar este aumento tributario”. En otras palabras, Manuel Chong compartió la afirmación respecto a que la no aprobación de la reforma tributaria “era mala para las pymes”.
OTRAS VÍAS DE FINANCIAMIENTO
Al no haber reforma tributaria, pues va a ser muy difícil que la iniciativa siga su curso en el Senado donde no están los votos suficientes para aprobarla, la opción del Gobierno de volver a presentar un nuevo proyecto podría ocurrir recién en un año.
Así entonces, ¿qué debiera ocurrir en la espera para poder obtener recursos y cumplir con la agenda del Gobierno? Según Chong, el financiamiento debería provenir de las actividades mineras y en especial del litio que exporta nuestro país. “Yo creo que se tendría que llegar a través de diferentes otras normativas dentro de la reforma para poder dar hincapié a estas actividades y estas demandas sociales”.
Con este impensado escenario, se le complica al Gobierno la configuración de su presupuesto fiscal, “se complica un poco más la recaudación financiera para poder dar pie a la gran mayoría de los programas que tiene el Gobierno. Va a ser un año complejo, pero ojalá que sea igualmente para llegar a un consenso”, concluyó el economista.
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
En otro ámbito, quien también se pronunció sobre el rechazo a la reforma tributaria fue el seremi de Desarrollo Social de Biobío, Hedson Díaz Cruces.
La autoridad manifestó que dentro de los temas que consideraba la iniciativa estaba “fortalecer el sistema nacional de cuidados”. Por ello, argumentó que ahora será complejo seguir entregando ayuda “a personas que lo requieren”.
Díaz lamentó que se haya rechazado la idea de legislar en la Cámara Baja, pues se trataba de “un tema tan relevante como una mayor cantidad de recursos para llevar a cabo políticas públicas”.
El seremi finalizó afirmando que “acá no se hace un daño al Gobierno, sino que a las familias que requieren mayor nivel de apoyo”.