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El prolongado conflicto por el uso de las aguas del río Laja escribió un nuevo capítulo en los últimos días, aunque esta vez radicado en los tribunales de justicia.
Aunque en estos años, la controversia se ha concentrado entre las organizaciones de regantes por la cantidad de agua que se extrae del curso fluvial, esta vez los dardos apuntan a los organismos del Estado que están relacionados con el tema.
En este caso, se trata de una querella criminal en contra de Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOL); de Nicolás Ureta, jefe del Departamento de Organizaciones de usuarios de la DGA, y de Pamela Garay, jefa de la Unidad de Supervigilancia del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la DGA.
A los funcionarios públicos se les acusa de autorizar extracciones irregulares de agua desde el río Laja en beneficio de la Asociación de Canalistas Canal Zañartu.
El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella y dispuso su envío al Ministerio Público para el inicio de la investigación penal correspondiente.
Los querellantes son la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus afluentes, la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios Saltos del Laja y la Agrupación de Productores Lecheros de Biobío (Aproleche).
De acuerdo a la querella criminal, en las resoluciones del 2021 y 2022, la DGA confirmó que la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu solo podía extraer del río Laja hasta 22,6 m3/s y que las extracciones por sobre ese caudal eran ilegales.
Sin embargo, de acuerdo a los querellantes, "sin que mediara modificación de esa resolución judicial, los querellados, por razones que deberán determinarse durante la investigación, en el mes de agosto de 2023, dictaron una nueva resolución que supuestamente ‘complementa’ la del año 2022, modificándola radicalmente, para aumentar el caudal desde 22,6 m3/s a 33,0 m3/s".
De esta forma, añadieron, "mediante Resolución (Ex.) Nº2320, de fecha 30 de agosto de 2023, se modificó ilícitamente la Resolución DGA Nº3549, de fecha 15 de diciembre de 2022, agregando de manera absolutamente ilegal y arbitraria dos numerales a la parte resolutiva, invalidando de este modo la resolución original dictada por el mismo organismo, sin existir fundamento alguno para ello".
De acuerdo lo expuesto en la acción penal, "eso significa que las autoridades querelladas de la DGA cometieron los delitos de prevaricación administrativa del art. 228 del Código Penal y el delito medioambiental del art. 305 del mismo código, en su calidad de delito económico de segunda categoría de la Ley Nº21.595; ambos en grado de consumados".
El abogado patrocinante de la acción penal, Carlos Cortés Guzmán, precisó que, dadas las características de los delitos cometidos, la defensa de los querellados deberá ser financiada con sus propios recursos y en ningún caso con aportes del Estado y sus organismos relacionados.
Incluso, añadió, "nos reunimos con la ministra de Obras Públicas (Jéssica López) para pedirle encarecidamente que pusiera término a esta situación porque se trataba de una abierta ilegalidad".
El directivo se manifestó confiado en que "la justicia pondrá las cosas en su lugar porque el daño causado por el volumen de agua sustraída ilegalmente es de una enorme magnitud".
Por lo mismo, sostuvo que "como dirigente estamos obligados a agotar todas las instancias de defender los derechos legítimos de quienes representamos. Los querellantes coincidimos en que esta acción legal es el último camino que nos quedaba y lamentamos que el MOP y sus autoridades nos hayan obligado a defender nuestros derechos ante la justicia".
Al ser consultados al respecto, desde la Dirección General de Aguas (DGA), informaron que "la querella no ha sido notificada a las partes, por lo que no existe ninguna información al respecto".
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