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La nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, aprobada en el Congreso Nacional el pasado 25 de septiembre y que está a la espera de su promulgación, busca potenciar las acciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el combate a la evasión, la informalidad, el comercio ilícito y el crimen organizado.
Se estima que la nueva normativa generará una recaudación fiscal de 1,5% del PIB, equivalente a US$4.500 millones aproximadamente, con lo que se podrá financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (1,2% del PIB) y se cumplirán los compromisos en materia de seguridad ciudadana comprometidos por el Gobierno.
Uno de los cambios más significativos es la modificación del secreto bancario, que ahora permitirá un procedimiento simplificado para su levantamiento en caso de fiscalización, lo que va alineado con una nueva normativa antielusiva, que ha sido ajustada para asegurar su correcta implementación.
La ley también incluye beneficios para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), como la reducción de la tasa de interés sobre deudas tributarias, la posibilidad de acceder a convenios de pago preferentes y la declaración de incobrabilidad de deudas mayores a diez años.
Además, se ampliaron las atribuciones de la Defensoría del Contribuyente, que incrementará su dotación en más de un 50%, mejorando así la asistencia jurídica a los contribuyentes.
Por otra parte, esta ley establece nuevas obligaciones para plataformas digitales y entidades públicas, como exigir el inicio de actividades a sus usuarios y reportar operaciones. Las plataformas digitales extranjeras también estarán sujetas ahora al pago de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) por los bienes comercializados.
Asimismo, los bancos deberán informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre contribuyentes que reciban múltiples transferencias en un corto período de tiempo (en un mismo día, semana o mes, 50 o más transferencias de personas distintas o 100 dentro de un mismo semestre).
Estos dos últimos puntos, siendo los que han generado mayores especulaciones sobre cómo se implementará y cómo afectará a usuarios y consumidores, diario La Tribuna se contactó con el seremi de Hacienda de la región del Biobío, Sebastián Rivera Yáñez, para aclarar algunos detalles sobre la implementación de esta nueva normativa.
El objetivo de la ley es apoyar el comercio local, que es fundamental para la economía del país. Las empresas que operan en Chile, que pagan patentes e impuestos, y que generan empleo son las que queremos proteger y fortalecer. Al emparejar la cancha, el comercio minorista competirá de manera justa con las plataformas extranjeras que, al no estar sujetas a las mismas obligaciones fiscales, pueden ofrecer precios más bajos.
Esta normativa busca reducir esa desventaja competitiva, asegurando que tanto el comercio local como las plataformas extranjeras, operen bajo las mismas reglas. Así, el espíritu de la ley es fomentar un entorno equitativo que beneficie a los emprendedores chilenos.
Sí, la ley también aborda la elusión de impuestos en compras masivas bajo el límite de $40 dólares, que solía estar exento. Se han identificado prácticas indebidas, como subdeclaraciones y la reventa de productos importados, que generaban un entorno desleal para el comercio local.
Aunque algunos consumidores continuarán buscando productos en el extranjero, especialmente si no encuentran lo que necesitan en el país, la ley busca equilibrar las condiciones. Al eliminar ciertas exenciones, se espera que los consumidores reconozcan el valor de apoyar al comercio local, que cumple con todas sus obligaciones fiscales y ofrece productos de calidad.
Esta normativa se aplicará una vez que la ley sea promulgada, y será el SII el encargado de interpretar y aplicar las regulaciones. Si un tesorero de una organización recibe más de 50 transferencias de personas distintas, el banco informará al SII. Sin embargo, esto no implica que esa persona será automáticamente fiscalizada. El SII evaluará la información y decidirá si es necesaria una revisión adicional.
Aquellos que gestionan recursos para fines sociales tienen la posibilidad de presentar documentación que acredite la naturaleza de esos fondos. La ley está diseñada para perseguir a quienes intentan evadir impuestos, no para hostigar a quienes realizan actividades legítimas y transparentes.
No deberían verse afectadas por la normativa. Las campañas sociales son actividades legítimas que buscan ayudar a la comunidad. Siempre que las organizaciones que realizan estas actividades cuenten con la documentación adecuada, como comprobantes de transferencia y registros de la actividad, no habrá problemas. La ley se centra en actividades comerciales y en combatir la elusión y evasión de impuestos. Si se demuestra que el propósito de las transferencias es social y no comercial, los organizadores no deben tener preocupación alguna.
Es importante que esperemos la promulgación de la ley y la emisión de las circulares del SII, que proporcionarán detalles específicos sobre las penalizaciones y procedimientos. El SII tendrá la responsabilidad de comunicar cómo se aplicarán las sanciones y qué tipos de infracciones se considerarán. El enfoque es más bien preventivo y de apoyo, buscando promover la formalización y el cumplimiento, en lugar de penalizar sin razón.
Las plataformas de streaming ya están sujetas a regulaciones fiscales desde hace un tiempo, por lo que no se verán afectadas por esta nueva normativa. Estas plataformas han sido incorporadas al sistema tributario y están obligadas a cumplir con sus responsabilidades fiscales, lo que asegura que contribuyan de manera justa a la recaudación de impuestos en el país.
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