Un nuevo ataque incendiario registrado el fin de semana recién pasado en la provincia de Biobío ha puesto nuevamente en el centro del debate la fragilidad de la seguridad en sectores históricamente vulnerables.
Esta vez, el atentado no solo destruyó maquinaria e infraestructura de empresas contratistas que prestaban servicios a Rucalhue, sino que dejó una estela de incertidumbre que amenaza con extenderse más allá del terreno físico: el impacto en la economía local, la inversión privada y el empleo son ya una preocupación concreta para las comunidades afectadas.
Al respecto, el economista y profesor investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, sostuvo que la inseguridad tiene efectos devastadores en las decisiones económicas.
LA ECONOMÍA DE LA INSEGURIDAD
Tras los hechos registrados durante la madrugada del domingo recién pasado, el experto explicó que los efectos no solo se sienten en el presente inmediato, sino que sus secuelas pueden proyectarse a largo plazo.
La destrucción de maquinaria pesada y camiones no solo representa una pérdida económica directa, sino que también eleva el costo de operar en esas zonas. Teniendo esto presente, "¿qué empresa va a querer reponer maquinaria si teme que se la vuelvan a quemar? ¿Qué aseguradora está dispuesta a cubrir ese riesgo?", sostuvo Smith.
Asimismo, detalló que estas dinámicas generan un círculo vicioso: mayor inseguridad desincentiva la inversión, la falta de inversión paraliza proyectos y esto, a su vez, frena la generación de empleo formal, especialmente en zonas donde ya existen altos niveles de precariedad laboral.
A ello agrego que, en un mundo globalizado, las empresas tienen la capacidad de relocalizarse fácilmente; en la actualidad, "la inversión puede migrar a otro lugar con un clic. No es como antes, cuando todo era más local", puntualizó el académico.
EMPLEO Y OBRAS PÚBLICAS EN RIESGO
En el caso del atentado registrado durante el fin de semana, éste afectó directamente a una obra en ejecución, cuya paralización podría implicar un impacto no menor en la generación de empleo en la zona.
En muchas localidades del sur del país, explicó Smith, las obras de infraestructura son el principal motor económico temporal y también un puente hacia mejoras estructurales en conectividad, acceso y servicios.
Además, añadió que si la empresa afectada decidiera abandonar el proyecto, esto no solo implicaría la pérdida de empleos, sino que también una posible renuncia al desarrollo proyectado para la zona, ya sea en caminos, conectividad o servicios básicos.
EL ROL DEL ESTADO Y LA NECESIDAD DE GARANTÍAS
Frente al escenario registrado el fin de semana, Smith sostuvo que es deber del Estado garantizar condiciones mínimas de seguridad para que las empresas puedan operar.
Y fue más allá: "los anuncios de querellas ya no bastan. Al principio pueden tener algún impacto simbólico, pero con el tiempo pierden eficacia si no hay acciones concretas".
Para el economista, la solución debe ir más allá del discurso político. Requiere acciones reales, inversión en seguridad, y una política de Estado que entregue señales claras a quienes están invirtiendo o trabajando en zonas de riesgo.
Sin embargo, también reconoció las limitaciones actuales del Estado, especialmente en un contexto de estrechez fiscal y año electoral. "Asignar recursos para seguridad implica reasignarlos desde otros sectores, y eso siempre tiene un costo político. Alguien se queda sin una prestación, sin un servicio o con una menor calidad", explicó Smith.
Frente a la dificultad de actuar en medio de intereses electorales, Smith propone una mirada de largo plazo: "el análisis costo-beneficio debe incorporar los efectos futuros. A veces, por quedarnos en la inmediatez, sacrificamos decisiones estratégicas que podrían mejorar la vida de miles de personas a mediano y largo plazo".
Además, advirtió sobre la tentación de responder a estos hechos con soluciones simbólicas o populistas: "éste no es un tema que se resuelva con más discursos. Se necesita una política integral de seguridad territorial que permita atraer inversión, no espantarla".
Más allá del plano económico, para el especialista este atentado también afecta la convivencia y la confianza social en instituciones y proyectos.
Al respecto, Smith explicó que "la inseguridad genera miedo y cuando una comunidad vive con miedo, es muy difícil que pueda pensar en desarrollo, en futuro".
Por eso, insistió en que la respuesta debe considerar el contexto territorial y social, involucrando a las comunidades, pero con una fuerte presencia estatal. "Si el Estado se retira, se genera un vacío que no tarda en llenarse con violencia o ilegalidad", concluyó el experto.