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Ante la fragmentación institucional y la falta de articulación territorial, la desalinización y el reúso asoman como soluciones ineludibles para la crisis hídrica. Sin embargo, persisten trabas. En entrevista con Diario La Tribuna, Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), explicó los efectos de la nueva institucionalidad.
El directivo advirtió sobre la proliferación de gravámenes normativos y cómo el financiamiento frena estas tecnologías.
En paralelo, profundizó en los vacíos sobre tarifas, integración territorial y el estancamiento en la reutilización de aguas servidas.
Si bien la nueva institucionalidad puede funcionar sin una Estrategia Nacional de Desalación, desde la industria consideramos que esta tiene un rol esencial. Esto se debe a que define el análisis que la DGA -Dirección General de Aguas- realizará del proyecto en su informe técnico para otorgar o no la concesión. Además, es crucial para que esta opere como una carta de triunfo de la infraestructura hídrica no convencional ante instrumentos de planificación contradictorios, como los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), o ante eventuales litigios en el SEIA. La gestión de los recursos hídricos enfrenta debilidades por su fragmentación institucional y por la falta de claridad sobre cómo se articulan los distintos instrumentos de planificación territorial. La Estrategia podría articular múltiples instrumentos y políticas en torno a la seguridad hídrica.
Los temas de tarifas contenidos en la ley deben resolverse en el Reglamento, el cual regulará el proceso de implementación efectiva del aporte de hasta el 5% de agua para el consumo humano y saneamiento, según lo establecido en el inciso quinto de su artículo 9. En materia de integración territorial, la principal preocupación es la proliferación inorgánica de gravámenes normativos que pueden obstaculizar, o derechamente impedir, el desarrollo de la infraestructura hídrica que necesitamos para alcanzar la seguridad hídrica. Hablamos de áreas marinas costeras protegidas de múltiple uso, áreas de conservación de múltiples usos, áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sitios prioritarios, reservas de región virgen, parques nacionales, monumentos naturales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, áreas marinas costeras protegidas, parques marinos, reservas marinas, corredores biológicos, humedales urbanos, zonas típicas, monumentos nacionales, espacios costeros marinos de pueblos originarios, tierras indígenas, áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica, planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores metropolitanos, intercomunales y comunales y zonificaciones de borde costero. Estos son solo algunos de los gravámenes que pueden impedir la instalación de la infraestructura que necesitamos construir.
Todo lo contrario. La nueva ley contempla la posibilidad de que la DGA establezca una reserva de capacidad de hasta un 5% en aquellas plantas que producen agua para usos puramente industriales. Es decir, se hace cargo precisamente de que las futuras plantas desaladoras que abastezcan a la minería aporten agua al consumo humano, generando con ello una red de almacenamiento desde la cual podrán abastecerse los Servicios Sanitarios Rurales cercanos a las plantas. Ejemplos como el del proyecto Aguas Pacífico, que hoy abastece a Servicios Sanitarios Rurales ubicados en las inmediaciones del acueducto que transporta el agua a los centros de consumo, son referentes que se transformarán en estándares que toda la industria adoptará voluntariamente.
Porque, al igual que en los proyectos de desalinización, las iniciativas de reúso de aguas servidas tratadas conllevan grandes inversiones, principalmente en sistemas de transporte de agua, que requieren ser financiadas a través de consumidores disponibles a pagarlas. No basta con tener una oferta de agua disponible para ser tratada, conducida y reutilizada. Se necesitan además consumidores con capacidad de pago que permitan financiar en el largo plazo las inversiones necesarias para tratar y transportar esa agua, lo que no es tan simple. Muchos agricultores que podrían aprovechar las aguas servidas tratadas afirman que no están en condiciones de pagar por ella. A esto se suma que el actual sistema sanitario tampoco permite incorporar estas inversiones en la tarificación, pues estas se fijan cada cinco años, estableciendo esquemas de compartición de beneficios para negocios no regulados.
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