Los posibles hechos de corrupción en la fundación Democracia Viva, que ha salpicado a otras organizaciones similares, tienen un impacto significativo en la confianza de la ciudadanía. Es que la posibilidad que haya habido delitos para traspasar las cuantiosas sumas de dinero desde la Seremi de Vivienda, para beneficio personal o de unos pocos, provoca que las personas se sienten traicionados y pierden la confianza en el sistema y en las instituciones.
La corrupción crea una sensación de injusticia en la sociedad, ya que los recursos públicos destinados al bienestar común son desviados de manera ilícita, generando descontento y desconfianza, especialmente entre aquellos que se ven directamente afectados por la falta de servicios básicos, infraestructura adecuada o acceso equitativo a oportunidades, como el caso de las familias de los campamentos en Antofagasta.
Es que, al final, ese tipo de prácticas impacta en la calidad de vida de los ciudadanos. Los fondos destinados a servicios esenciales, como salud, educación, seguridad y desarrollo de infraestructura, pueden desviarse o diluirse debido a la corrupción, generando un sentimiento de desesperanza y desconfianza.
Cuando los ciudadanos perciben que la corrupción es generalizada y que los líderes o funcionarios públicos están involucrados en actos ilícitos, se desalienta la participación en la vida política y cívica. Como si fuera poco, este tipo de prácticas reñidas con la legalidad impacta en el desarrollo económico de un país, ya que distorsionan la asignación eficiente de los recursos, obstaculizan la inversión y generan un clima empresarial poco favorable. Esto afecta negativamente el crecimiento económico, reduce las oportunidades de empleo y aumenta la desigualdad, lo que socava aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema en general.
De ahí que los pasos que se den en pos de la transparencia en el traspaso de recursos públicos a fundaciones privadas sean de suma importancia. La gestión de los caudales debe ser transparente para garantizar la rendición de cuentas y evitar cualquier forma de corrupción, favoritismo o mal uso de los fondos públicos.
Cuando los recursos públicos se destinan a fundaciones privadas, es fundamental que existan mecanismos claros y efectivos para garantizar que esos recursos se utilicen de manera adecuada y en línea con los objetivos públicos establecidos. La transparencia en este proceso implica proporcionar información clara y accesible sobre la asignación de recursos, los criterios utilizados para la selección de las fundaciones beneficiarias y los resultados alcanzados.
La transparencia también juega un papel importante en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y en la legitimidad de las decisiones tomadas. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando los recursos públicos y a participar en el monitoreo y la evaluación de los programas financiados por el Estado.
Además, la transparencia en el traspaso de recursos públicos a fundaciones privadas promueve la competencia justa y evita posibles conflictos de interés.
En suma, la transparencia en el traspaso de recursos públicos a fundaciones privadas es esencial para garantizar la eficiencia, la equidad y la responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Ayuda a prevenir la corrupción, fortalece la confianza ciudadana y promueve una gestión eficaz de los recursos en beneficio de la sociedad en general.