Desde que, hace tres semanas, se destapó a nivel nacional las irregularidades en el traspaso de fondos a la Fundación Democracia Viva, institución ligada al partido oficialista Revolución Democrática (RD), por un monto de 426 millones de pesos, se encendió el debate sobre el mal uso de los recursos públicos, conociéndose una serie de casos similares en todo el país.
Tanto así, que en menos de un mes, son 32 las investigaciones en curso, en todo el territorio nacional, que están en manos de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, agrupadas en el denominado "Caso Convenios".
Todo un escándalo que ha dejado al descubierto graves fallas administrativas en el conjunto de requisitos que generalmente se imponen en este tipo de transferencias, como por ejemplo, las exigencias de boletas de garantía, los pagos parcializados, los informes y seguimientos, entre otros procedimientos no efectuados que, de confirmarse, podrían ser constitutivos de delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y malversación de distinta naturaleza.
Sin embargo, el hecho más bullado y que se escapa de todas las otras situaciones es lo que ocurre en la región de Biobío, con el denominado Caso Lencería, donde junto con el mal uso de fondos públicos, se agregan denuncias de sicariato, conversaciones secretas y amenazas.
Aquí no solo hay un derroche descarado de recursos y posibles delitos (si se comprueban tales amenazas), sino que un descuido sin precedentes de la autoridad a la hora de destinar los fondos que en definitiva deben beneficiar a los y las habitantes de nuestra región, en post del desarrollo de ese y otros proyectos innecesarios o absolutamente sobrevalorados.
Es momento de asumir las responsabilidades políticas de esta situación, y eso incluye a quienes evaluaron los proyectos y a quienes los autorizaron. Cuántas fundaciones e instituciones que SI hacen la pega no son considerados a la hora que presentar sus proyectos porque no conocen a alguien, o no hacen el lobby "necesario". Cuántos buenos proyectos se pierden por evaluaciones sesgadas o mal realizadas.
Es hora de que los responsables asuman y den un paso al costado, porque aquí no basta con que se devuelvan los dineros y, si se comprueba delito, se sancione a quienes hicieron uso malicioso de los recursos.
Lo que corresponde es entregar a la ciudadanía la certeza de que los fondos públicos, pertenecientes a todos y todas, están siendo bien usados para iniciativas que en definitiva apunten al bien común, y no sean para beneficio de unos pocos. Eso es lo esperable.