La historia es conocida. El viernes, antes de las 22 horas, el alcalde de la comuna de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao, debía presentarse en la cárcel de Traiguén. De esa manera, se daría cumplimiento a la orden del Tribunal de Garantía de Cañete que ordenó la prisión preventiva para el jefe comunal, mientras seguía la investigación en su contra por las acusaciones de violación, abuso sexual e inducción al aborto, las cuales fueron presentadas por seis mujeres.
La petición del Ministerio Pública fue concedida por el tribunal en el sentido que Reinao Marilao era un peligro para la sociedad y existía peligro de fuga.
Pero el alcalde simplemente no cumplió. De manera increíble, pese a que fue solicitado por la parte querellante, no se atendió la petición que el jefe comunal participara de la audiencia de formalización de cargos. Lo hizo a través de la plataforma zoom. Se le otorgó un privilegio que no tenía justificación alguna. Como cualquier otro ciudadano, debió estar presente en el tribunal para escuchar las acusaciones en su contra. Las consecuencias de otorgarle esa prerrogativa saltan a la vista. Si hubiese estado en la audiencia, habría sido entregado de inmediato a disposición de Gendarmería para su reclusión.
Cualquier excusa que Reinao ahora esgrima desde la clandestinidad, desde que los testimonios son falsos hasta que se trata de un complot en su contra, simplemente no tienen cabida. En lo absoluto. Es una decisión de la justicia que ciertamente que no esperaba, pero que estaba dentro del abanico de posibles consecuencias en esta parte del proceso judicial. Y se debe atener a las consecuencias.
Las autoridades públicas, especialmente quienes han sido elegidas por el voto de la ciudadanía, tienen una responsabilidad mayora la hora de dar estricto cumplimiento a las leyes de la nación. No pueden permitirse la licencia de saltarse nuestro ordenamiento jurídico porque no les conviene o los perjudica.
La confianza en las instituciones se basa en aceptar las reglar del juego y no en torcerlas de acuerdo a la conveniencia o intereses propios. En buena medida, la aguda crisis de credibilidad que se vive nuestro país, tanto en organismos del Estado y en instituciones como la Iglesia Católica o el empresariado, tiene que ver con episodios de ese tipo en que se trata de esquivar nuestro ordenamiento para escamotear los caudales públicos o eludir las responsabilidades.
De ahí que lo del alcalde de Renaico sea tan grave y delicado, más aún cuando se le otorgó una prerrogativa que no tiene un ciudadano cualquiera, y que ahora sirve para explicar por qué no fue llevado de inmediato a un centro penitenciario. ¿Qué explicación razonable de le puede entregar ahora a las mujeres denunciantes? Francamente, ninguna.
Reinao ha sido un cobarde y ha optado por esconderse quizás donde y no dar la cara y responder ante los organismos de justicia frente a las acusaciones en su contra. Así lo debe hacer cualquier ciudadano.
Todos los esfuerzos para capturarlo se deben agotar y dar un ejemplo que nadie puede sentirse con un estatus distinto para actuar de acuerdo a sus propios dictámenes, obviando lo que ordenan los tribunales de justicia. Nadie está sobre la ley, esa es la piedra angular de nuestra sociedad. Socavarla es el peor precedente.