Parecía que los operativos realizados el año pasado contra las bandas de narcotraficantes que operaban en Los Ángeles, habían rendido sus frutos. Sucesivos golpes contra clanes o integrantes de bandas vinculadas a este delito habían ocasionado que disminuyera la gravedad y cantidad de situaciones delictuales. Y no era solo ese tipo de situaciones sino que también permanentes incivilidades, como lanzamientos de fuegos artificiales o disparos al aire.
Es que entre los años 2020, 2021 y 2022, justo en medio de la pandemia por el Covid-19, que afloró la violencia asociada principalmente a los delitos de narcotráfico y a las disputas territoriales para la venta de drogas. En ese periodo, fueron comunes los homicidios en plena vía pública o con heridos a bala que eran dejados en la unidad de emergencias. El epítome de aquella vorágine delictual ocurrió el 22 de marzo del año pasado cuando el asesinato de un joven en el sector de la Laguna Esmeralda, desató una serie de incidentes, incluidos tiroteos, heridos a inocentes y hasta la quema de viviendas.
Sendos operativos ordenados por el Ministerio Público, tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones en los meses venideros, permitieron acabar con varios grupos delictuales tras las rejas, algunos de ellos condenados y otros tantos a la espera de los juicios en su contra.
Sin embargo, lo ocurrido en la madrugada de este martes -en que dos bandas rivales de enfrentaron a balazos, dejando un saldo de dos víctimas fatales y dos heridos, uno de ellos de extrema gravedad - es un urgente recordatorio que no se puede aflojar en ningún momento en esta guerra contra el narcotráfico a nivel local (y en el país, por cierto). Este flagelo se ha incrustado en la sociedad con su estela de violencia, miedo y corrupción, con barrios completos a expensas del crimen organizado que no trepida en usar todos los recursos disponibles para mantener el lucrativo negocio de la venta de sustancias ilícitas, entre otros delitos.
Si bien el plan "Calle sin Violencia" incluyó a Los Ángeles por tomar en cuenta precisamente la elevada cantidad de delitos de alta connotación pública, como los homicidios, ciertamente que se debe dar un paso más allá que la mera retórica para condenar los delitos y, de una buena vez, tomar el tomar las acciones que conduzcan a devolver la tranquilidad a una zona que se ha caracterizado por vivir de esa manera.
Se debe actuar de manera decidida, enérgica y siempre apegada al estado de derecho. Debe ser de la sociedad en su conjunto, sin distinciones de ninguna especie. Este flagelo afecta a moros y cristianos, a uno más y otros menos, pero la sensación de inseguridad, de temor, de miedo se ha instalado en nuestra sociedad local y eso no se debe permitir. No podemos tolerar que asesinatos y sicariatos se normalicen en nuestro día a día. Si se debe fortalecer y respaldar a las policías, que se haga. Si se deben otorgar más atribuciones a las municipales en materia de seguridad ciudadana, que se actúe a tiempo. Si son necesarios los cambios legales, que no termine en bizantinas discusiones en el Congreso. Solo en conjunto- y no de otra manera-, se debe ser capaz de enfrentar a la barbarie de una delincuencia que parece desatada, que parece que quiere imponer sus términos, que quiere tender sus tentáculos hasta los lugares más recónditos de nuestra sociedad.