El concepto se viene acuñando hace algún tiempo pero en los últimos meses se ha repetido de manera habitual, más aún cuando las cifras de crecimiento económico revelan una preocupante falta de dinamismo. La excesiva demora en la aprobación de proyectos de inversión, debido a la larga lista de trámites burocráticos, está conspirando contra las pretensiones de desarrollo en el país.
Lo dijo Daniel Jiménez, consultor en litio de empresas nacionales y extranjeras: En Chile, un proyecto de ese mineral no metálico "demora entre ocho y diez años en estar en producción", un tiempo excesivo, pese a que se considera que ese mineral es considerado estratégico por nuestro país.
"La permisología nos está matando", dijo el ex Presidente Eduardo Frei, a mediados de año. Poco después, la titular del Council of the Americas, Susan Segal, en el marco de la celebración de los 20 años del Tratado de Libre Comercio (TCL) con Estados Unidos, señaló que la permisología es una traba constante para la inversión, particularmente para los grandes proyectos. Advertía del alto número de autorizaciones, a nivel nacional, regional y local, que retrasan los proyectos en hasta seis años sólo en trámites burocráticos.
Al cabo, los capitales buscan opciones en países que faciliten los procesos, con una menor burocracia. Es lo que sucede con Perú, que pese a sus profundas crisis políticas, sigue siendo atractivo para los inversionistas.
En Chile, el sistema de permisos para proyectos de inversión en Chile es ineficiente y genera incerteza jurídica. Expertos indican que las razones de esto son variadas, como la ausencia de plazos, procesos obsoletos, baja digitalización, falta de coordinación entre los servicios y una alta discrecionalidad en algunos criterios.
Lo insólito en nuestro país es que aunque una iniciativa supere todas las exigencias burocráticas, siempre existe la posibilidad que sea detenido por la autoridad política.
El gobierno tiene claro el tema. En la Cuenta Pública del 1 de junio, el Presidente Boric se refirió al tema señalando que este año se terminarán de digitalizar los permisos sectoriales críticos, para que toda la tramitación sea electrónica en una ventanilla única. Y también anunció que, para abordar el problema de raíz, este semestre se ingresará al Congreso una ley de reforma integral a la tramitación de más de 300 permisos sectoriales.
Pese a lo positivo de los anuncios, no se debe perder de vista que el tema ha estado en casi todas las agendas gubernamentales de los últimos 20 años, sin mayores resultados.
El tema no es menor. No se trata de permitir la ejecución de cualquier proyecto de inversión pese a sus costos ambientales, ni de preservar el entorno a ultranza a cambio de una política de cero intervención. Se debe llegar a un justo equilibrio que haga posible conciliar ambos intereses, entendiendo que impedir el desarrollo sostenible no permite ninguna ganancia ambiental. Es decir, la burocracia termina ahogando los proyectos que son sustentables. Bajo esa premisa, la idea que se debe plantear con urgencia no pasa por bajar los estándares ambientales, sino que hacer que el sistema sea más eficiente y sujeto a criterios técnicos y no políticos. El desarrollo del país así o necesita.