Más allá de las decisiones que tome la justicia en contra los implicados, los recientes casos de personas denunciadas por tramitar beneficios habitacionales que resultaron ser un engaño, incluso a costa de entregar gruesas sumas de dinero, vuelve a dejar al descubierto la aguda crisis de la vivienda que afecta a nuestro país.
Es que los afectados, en general familias de escasos recursos, llevan años esperando conseguir una casa propia. Pagando arriendos que cada vez van incrementando de valor o viviendo en condición de allegados, generalmente con familiares, son miles de personas que están ansiosas de contar con un lugar propio donde vivir.
El problema de la vivienda está indisolublemente ligado a la crisis económica que atraviesan cientos de miles de estas familias. La inflación galopante, las alzas de precios, el deterioro de los sueldos reales y la ausencia de medidas que defiendan el bolsillo de las personas evidentemente están haciendo cada vez más difícil con la posibilidad de acceso a la vivienda. A la gente que no le alcanza para llegar bien a fin de mes, mucho menos le alcanza para ahorrar, requisito fundamental para acceder al beneficio.
En las poblaciones, este panorama se traduce rápidamente en aumento del hacinamiento, ya que es cada vez más difícil pagar arriendo, afectando la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
La cara más difícil se refleja en los campamentos habitacionales. Si hace 20 años habían prácticamente desaparecido, gracias a las políticas públicas para que las familias fueran beneficiadas con viviendas sociales a costo cero, ahora cifras son un golpe brutal de realidad. En el Catastro Nacional de Campamentos se cuentan 113.887 familias viviendo en 1.290 asentamientos, los cuales carecen de lo mínimo, como agua potable, energía eléctrica o alcantarillado.
Esa demanda habitacional es la que ocasiona que las familias carenciadas vacíen sus esperanzas en inescrupulosos que les ofrecen resolver esa necesidad. Que a cambio de una suma de dinero, ese delincuente se compromete a hacer los trámites y gestiones que les hagan realidad el cumplimiento de ese anhelo. Es cuestión de imaginar la profunda desazón y tristeza en quienes depositan las esperanzas en alguien que les roba en dinero y las esperanzas de un cambio positivo en sus vidas.
Las historias de ese tipo, dos de las cuales hemos contado en las últimas semanas en el diario La Tribuna, se multiplican por cientos en las demás comunas del país. En el contexto de la emergencia habitacional planteada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que indica que se necesitan más de 650 mil casas en el territorio nacional, no solo es fundamental poner todas las energías en resolver esta necesidad social. También se debe hacer un profundo trabajo de divulgación, especialmente en las familias más carenciadas, sobre cuáles son los mecanismos formales de postulación para acceder a los subsidios habitacionales o a las viviendas sociales. Es menester que todos los organismos públicos y privados hagan una campaña sistemática y sostenida para describir el procedimiento oficial y advertir sobre la presencia de inescrupulosos. Parece de Perogrullo que ningún funcionario público puede pedir dineros ni hacer gestiones fuera del sistema, pero en la urgencia de resolver esa necesidad habitacional es que muchas familias entregan su esperanza para encontrarse con un desenlace lamentable. Eso no debe seguir pasando y se debe hacer todo lo necesario para evitarlo.