La reciente presentación de un proyecto de reforma constitucional al sistema político en el Senado puede ser un hito relevante en la búsqueda de estabilidad y representatividad democrática en el país. La iniciativa, impulsada por senadores de diversas bancadas, propone que los partidos políticos solo puedan acceder a un escaño en el Congreso si obtienen al menos un 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en elecciones parlamentarias. Este umbral mínimo refleja un consenso que viene gestándose hace tiempo y que busca fortalecer el sistema político frente a su creciente atomización.
En los últimos dos procesos constituyentes fallidos, tanto en el trabajo de la Convención Constitucional como en el del Consejo Constitucional, se plantearon propuestas para enfrentar los mismos desafíos: la fragmentación de las fuerzas políticas y la necesidad de mejorar la gobernabilidad. Si bien estas instancias no lograron materializar una nueva carta fundamental, sus debates subrayaron la urgencia de abordar problemas estructurales que afectan al sistema político chileno. La reforma presentada ahora toma esa experiencia y la traduce en un esfuerzo concreto que podría traer cambios significativos.
El senador Alfonso De Urresti destacó que esta iniciativa busca avanzar en elementos consensuados previamente, como estabilidad política, mayor representatividad y gobernabilidad. Estos principios, que fueron compartidos durante las deliberaciones del proceso constituyente, vuelven a ser centrales en la discusión. Además, el proyecto contempla una norma transitoria que fija un umbral del 4% en la primera elección, mostrando flexibilidad en la implementación inicial.
El senador Ricardo Lagos subrayó que la propuesta no solo apunta a reducir la fragmentación parlamentaria, sino también a recuperar la disciplina política, factor clave para el funcionamiento ágil de las instituciones democráticas. Este objetivo cobra especial relevancia en un contexto donde el exceso de partidos y movimientos independientes ha dificultado la formación de coaliciones sólidas y la generación de acuerdos.
Desde otra perspectiva, el senador Rodrigo Galilea enfatizó que esta proliferación de partidos no ha fortalecido la democracia, sino que la ha debilitado. Su planteamiento de limitar la cantidad de colectividades a un rango razonable de entre ocho y diez partidos busca emular sistemas más consolidados donde la representación política es más eficaz y funcional.
En lo concreto, la reforma también introduce medidas como la pérdida del escaño en caso de cambio de partido por parte de un parlamentario. Este punto responde a una crítica frecuente de la ciudadanía: la falta de correspondencia entre las decisiones de los representantes y las expectativas de los electores. Tales ajustes son esenciales para fortalecer el vínculo entre la clase política y la sociedad.
Es destacable que esta iniciativa surja de un esfuerzo transversal entre sectores ideológicos diversos, lo que refuerza su potencial viabilidad. Sin embargo, aún queda un largo camino legislativo que demandará ajustes y negociaciones. La presentación de este proyecto es un paso significativo hacia un Congreso más eficiente, representativo y alineado con las necesidades del país. Ahora, la tarea recae en los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de transformar esta propuesta en una herramienta que fortalezca nuestra democracia.