Royalty minero

Durante décadas, la discusión sobre el destino de los recursos generados por la gran minería se mantuvo anclada en una lógica profundamente centralista. La riqueza extraída desde determinados territorios, muchas veces afectados por el impacto ambiental y social de esta actividad, engrosaban los presupuestos nacionales sin retorno directo a esas comunidades. Ni hablar para aquellas zonas más alejadas de la actividad minera que solo miraban desde lejos el desfile de millones.

Esa historia comenzó a cambiar con la implementación del nuevo royalty minero, una política pública que marca un antes y un después en la descentralización de los recursos en el país.

Por primera vez, los ingresos generados por la gran minería están siendo redistribuidos con criterios de equidad territorial, permitiendo que las comunas, especialmente aquellas más pequeñas y que generalmente tienen mayores necesidades, reciban recursos frescos y permanentes. Es una señal clara de que el país puede avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, donde los beneficios no se concentren solo en las grandes urbes o en el nivel central.

Un ejemplo concreto de esta transformación se vivió durante 2024 en la provincia de Biobío, donde las 14 comunas que la integran recibieron en conjunto 3 mil 210 millones de pesos por concepto de royalty. Si bien los montos más altos fueron a parar a Los Ángeles, con más de 578 millones, el impacto más significativo, en términos relativos, se observó en comunas de menor población como San Rosendo, Quilaco y Antuco, que destacaron entre las más favorecidas por aporte per cápita.

San Rosendo recibió más de 139 millones de pesos; Quilaco, cerca de 132 millones; y Antuco, más de 134 millones. Estos recursos representan una oportunidad única para financiar proyectos locales en áreas tan relevantes como la seguridad, el mejoramiento de infraestructura pública, la salud, la educación, y la recuperación de espacios comunitarios. Es dinero que, en definitiva, llega directamente a mejorar la calidad de vida de las personas, en sus barrios, pueblos y sectores rurales.

Este avance es fruto de una ley aprobada en 2023, que busca hacer más justa la distribución de los recursos generados por la minería, y que ya comenzó a mostrar resultados concretos en 2024, con la entrega inicial de 93 mil millones de pesos a nivel nacional. Para 2025, se espera que el monto asignado a las comunas más que se duplique, alcanzando los 218 mil millones de pesos para beneficiar a 300 municipios del país.

Lo más relevante de esta política es su capacidad para transformar el paradigma de desarrollo territorial: el royalty minero es un mecanismo de compensación que construye equidad desde el territorio. Que los recursos lleguen directamente a las municipalidades, sin intermediaciones excesivas, potencia a los gobiernos locales y fortalece la democracia desde lo más cercano a la ciudadanía.

En definitiva, el royalty minero es un muy buen ejemplo de cómo una política pública bien diseñada puede generar impactos concretos, medibles y esperanzadores. Esta modalidad llegó para quedarse, y con él, la posibilidad de un Chile más descentralizado y un poco más justo.