Corresponsabilidad en la prevención invernal

Aumentos de caudal y desbordes de cauces, inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra, colapsos de redes de alcantarillado y aguas lluvia e interrupciones de servicios básicos son solo algunos de los efectos que cada invierno se dejan sentir con fuerza en zonas como la provincia de Biobío.

Comunas como Alto Biobío, Los Ángeles, Santa Bárbara, San Rosendo, Mulchén, Nacimiento y Negrete destacan por la cantidad de puntos de riesgo identificados y por contar con sectores de muy alta peligrosidad.

A primera vista, se trataría solo de las consecuencias lógicas de fenómenos meteorológicos propios del sur del país. Sin embargo, estos eventos no son nuevos ni inesperados y lo verdaderamente preocupante es la persistente falta de preparación estructural para enfrentarlos. En lugar de asumirlos como fenómenos cíclicos que exigen una respuesta coordinada y sostenida, siguen viéndose preferentemente como si fueran emergencias aisladas.

La evidencia está a la vista: más de 1.600 puntos críticos identificados en la región del Biobío. No se trata solo de fenómenos naturales que "afectan" nuestras ciudades, sino de un sistema que, año tras año, expone a miles de personas a las mismas vulnerabilidades, sin soluciones de fondo.

Indudablemente, enfrentamos un déficit de infraestructura, que —por ejemplo—no está preparada para canalizar ni contener el volumen de agua que cae en pocas horas. Alcantarillados colapsados, vías sin adecuado drenaje y viviendas ubicadas en sectores de riesgo son solo parte de un panorama donde la planificación no ha estado a la altura del desafío. A esto se suma la lentitud o precariedad de muchas obras de mitigación, que quedan a medio hacer o no se actualizan según los cambios demográficos y ambientales.

Pero sería ingenuo culpar de esto solo al Estado o a sus representantes: las autoridades. Hay también una responsabilidad individual y colectiva en la ocupación de zonas inundables, laderas de cerros o sitios inestables y de riesgo, muchas veces por necesidad, otras por desconocimiento o simple negligencia. La presión por habitar donde no se debe, sumada a la falta de planificación y fiscalización, agrava una situación que ya de por sí frágil.

Por lo pronto, cabe hacer propio el llamado emanado desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en el sentido de que cada habitante se sienta corresponsable en la gestión del riesgo, especialmente, en un contexto donde los efectos del cambio climático hacen más frecuentes y extremos los eventos como lluvias intensas, fuertes vientos y heladas.