La realidad política en Chile, desde hace años, está directamente vinculada con los sectores estudiantiles. Al hacer una retrospectiva, no podemos dejar de pensar en que el momento de crisis que vivimos en el país partió, a la manera de un detonante que parecía un juego, con escenas que se mostraban por televisión en donde estudiantes de enseñanza media saltaban los torniquetes del metro de Santiago en protesta por el alza del pasaje.
Luego, esos mismos protagonistas sociales que partieron a rostro descubierto y con sus uniformes de colegio, terminaron siendo el germen anímico de muchos ciudadanos que entendieron que las demandas y peticiones sociales a estas alturas son transversales y no una cimarra adolescente.
Ley de adoctrinamiento político
Sin embargo, y más allá de que es inevitable que en los colegios se hable, por parte de los profesores hacia los alumnos, de lo que está pasando en el país, han ocurrido situaciones que preocupan tanto a los apoderados como también a las autoridades, ya que se han registrado pruebas de video y fotografías en los que se puede ver que, dentro del horario de clases y estando en el interior de los establecimientos, hay profesores que han compartido opiniones personales con sus alumnos que van más allá de lo permitido, tanto así que ya se habla de un “adoctrinamiento político” al interior de algunos colegios.
A razón de esto, el Ministerio de Educación dio a conocer esta semana una serie de medidas para evitar estas conductas, desde solicitar a la Defensoría de la Niñez y al INDH el interponer acciones de protección en favor de los niños, hasta el apoyar un proyecto de ley que refuerza atribuciones de la Superintendencia con el fin de sancionar los casos en los que claramente se incurra en infracciones a la libertad de enseñanza.
Casos en la región
Durante la mañana de este martes, el seremi de Educación, Fernando Peña, visitó los estudios de Radio San Cristóbal para participar como invitado en el programa Conexión San Cristóbal, donde se refirió a problemas locales de “adoctrinamiento político” en la región, señalando que “ya se han presentado tres (denuncias) formales, sin contar toda la cantidad de videos que a veces se mandan de manera informal a las autoridades”.
"nosotros esperamos que este proyecto ojalá vea la luz, que ojalá se pueda entender también la naturaleza del proyecto, porque lo que busca no es desnaturalizar el rol de la escuela en su responsabilidad con su entorno"
Fernando Peña, Seremi de Educación
En este contexto, expresó: "nosotros esperamos que este proyecto ojalá vea la luz, que ojalá se pueda entender también la naturaleza del proyecto, porque lo que busca no es desnaturalizar el rol de la escuela en su responsabilidad con su entorno. No queremos que en las escuelas se deje de hablar de educación cívica, o que no se hable de política, lo que queremos es que existan límites claros, porque lamentablemente hay profesores que transgredieron esos límites, hay evidencia para eso, de hecho ya en la región del Biobío se han presentado tres denuncias ante la Superintendencia”.
La postura del gobierno
Según información que ha emanado de la misma Superintendencia de Educación, se consigna que en las dos últimas semanas, a nivel nacional, ya se vislumbran más de 30 denuncias por “adoctrinamiento político” en jardines infantiles y colegios, lo cual tendría una repercusión en un número estimado de más de 500 niños.
Dentro del contexto de esa realidad es que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, realizó enérgicas declaraciones, tanto a través del sitio oficial del ministerio como también en su cuenta de Twitter, en la cual, por ejemplo, señaló: “Adoctrinamiento político a niños en escuelas por parte de quienes tienen el deber de educarlos es una forma de violencia. Quizás menos visible que un overol blanco lanzando molotov, pero es violento ver a niños de jardín repitiendo consignas políticas que una educadora les enseña”.
La delgada línea
Si bien como sociedad hemos avanzado en devolver la educación cívica a los colegios, hoy en día ha surgido un problema en el que se pone en tela de juicio la forma en que los educadores entregan los contenidos y realizan un juicio crítico sin teñir con opiniones personales, e incluso partidistas, ya que no solo se sobrepasa una línea ética, sino que también se comete un acto que incumple con los mandatos de la actual Constitución Política de la República chilena, la cual establece, en su artículo 19 no. 11, en las materias que se refieren al derecho fundamental de la libertad de enseñanza, que “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna”. También convengamos en que la Convención de los Derechos del Niño señala, por parte de los educadores, lo siguiente: “la obligación de respetar los derechos del niño a la libertad de pensamiento y de conciencia”.
Uno de los ejemplos que han dado que hablar respecto de la utilización de discurso político en el aula es, por ejemplo, este video que compartió el senador Francisco Chaguán en su cuenta de Twitter
“El adoctrinamiento político de los niños en las escuelas, por parte de quienes están llamados a educarlos, es una forma de violencia y de vulneración de sus derechos” Marcela cubillos
PROPUESTA DEL MINEDUC
1. Solicitar a la Defensoría de la Niñez, que es la que puede interponer acciones y querellas, ya que muchas veces los apoderados se sienten amedrentados para iniciar acciones contra su propio colegio, dar a conocer qué acciones y medidas de protección ha interpuesto en favor de los niños afectados.
2. Conocer el estado actual de las acciones tomadas por la Superintendencia de Educación a raíz de denuncias del Mineduc y aquellas hechas de manera directa por los apoderados.
3. Oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que también tiene entre sus atribuciones la de interponer recursos de protección en resguardo de las garantías individuales como lo es la libertad de enseñanza, y adoptar las medidas que corresponda.
4. Apoyar a parlamentarios de Chile Vamos en un proyecto de ley que busca incorporar como “infracción grave” el propagar tendencias político-partidistas en establecimientos educacionales.
Fuente: Ministerio de Educación
¿Quién fiscaliza?
Por el momento las denuncias han nacido, en su gran mayoría, gracias a apoderados y alumnos que, con registros fotográficos o de video, han podido captar aquellos momentos en los cuales las clases saltan la valla de lo permitido. Pero quien tiene la misión de realizar este tipo de diligencias es la Superintendencia de Educación, ya que tiene por misión el fiscalizar y, por supuesto, sancionar cuando sea el caso de que se certifique el incumplimiento a la normativa educacional.
Es la Superintendencia la que está llamada a investigar y dar solución ante toda denuncia que sea informada, ya por quienes participan de la comunidad escolar, por el Ministerio de Educación o por terceras personas. Esto es, cabe recalcarlo, ante cualquier hecho que pueda constituir una infracción a la normativa educacional vigente, como por ejemplo, en este caso, la infracción al artículo 19 no. 11 que señalábamos en el párrafo anterior.
En el caso de que un colegio, jardín, escuela o liceo haya vulnerado en efecto la normativa educacional, se arriesga a multas que podrían llegar hasta los 28 millones de pesos.