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La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, presentó este jueves el Programa "Comunidades Educativas Protegidas", iniciativa que se aplicará en 50 comunas priorizadas de todo el país, para la prevención y abordaje oportuno de situaciones o hechos de violencia al interior o en el entorno inmediato de las comunidades educativas, y que afectan el ambiente para el aprendizaje.
Este programa se enmarca en las recomendaciones elaboradas por la mesa intersectorial "Centros Educativos como Espacios Protegidos", impulsada por el Ministerio de Educación junto a actores del mundo público y privado, que sesionó durante el segundo semestre de 2023.
Las comunas priorizadas dentro del programa fueron escogidas en base a la información de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Superintendencia de Educación, con criterios vinculados a hechos delictivos, de violencia y a situaciones de connotación social pública respecto a temas de violencia.
La subsecretaria Alejandra Arratia indicó que "las comunidades educativas no son ajenas al fenómeno de la violencia y lo que pasa en la sociedad, naturalmente permea a la escuela, lo que es una parte muy importante del quehacer educativo. Es por esto que, en un esfuerzo intersectorial, hemos asumido el desafío de prevenir y abordar la violencia en contextos educativos, para resguardar que las comunidades educativas sean espacios protegidos, que resguarden el aprendizaje y el desarrollo integral de todos y todas".
Por su parte, el Superintendente de Educación, Mauricio Farías valoró el trabajo realizado por la mesa intersectorial "Centros Educativos como Espacios Protegidos" y sostuvo que "como Superintendencia nos comprometemos a avanzar en estas propuestas, en acompañar a los sostenedores y trabajar los temas de mediación, de gestión colaborativa de conflictos, también difundir y orientar sobre la normativa educacional".
El programa cuenta con cuatro ejes principales, el primero de ellos es la articulación intersectorial entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Educación y la Superintendencia de Educación para elaborar un procedimiento de actuación para que los sostenedores sepan cómo enfrentar situaciones de violencia crítica, el que será presentado en las sesiones del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de las prefecturas de Carabineros.
Asimismo, se diseñarán una serie de acciones para sensibilizar respecto de la violencia escolar y situaciones críticas de violencia con el equipo del plan cuadrante e integración comunitaria de Carabineros, para implementarlas en establecimientos educativos de las 50 comunas priorizadas.
El segundo eje es el acompañamiento a comunidades educativas de 50 comunas priorizadas, con la actualización de las "Orientaciones para prevenir y abordar situaciones críticas, constitutivas de delito, al interior o en el entorno de las comunidades educativas" que ya se encuentran disponibles en el sitio web de Mineduc.
Esto vendrá acompañado de un trabajo coordinado por las Secretarías Regionales y Departamentos Provinciales de Educación, para el acompañamiento a comunidades educativas en la revisión y ajustes de sus Planes Integrales de Seguridad y protocolos de actuación.
El tercer eje contempla apoyos especializados para niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones de violencia crítica, a través de la articulación con la red territorial de la Oficina local de la Niñez en 50 comunas priorizadas, junto con la realización de un diagnóstico participativo con niños, niñas y adolescentes para detectar espacios seguros e inseguros de la comuna y proponer soluciones.
El cuarto eje tiene un enfoque legislativo, con el ingreso de indicaciones a proyectos de ley de seguridad comunal y proyecto de ley de convivencia escolar, para el fortalecimiento de la articulación a partir de los Consejos Comunales de Seguridad.
En la región del Biobío, las comunas que estarán incluidas en este plan son Concepción, Lota y Los Ángeles.
La mesa intersectorial "Centros Educativos como Espacios Protegidos", sesionó por primera vez el 3 de julio de 2023, reuniendo a diversos actores públicos y privados con el fin de generar un diagnóstico compartido sobre la situación de violencia en los establecimientos educativos y establecer estrategias para proteger las trayectorias educativas y garantizar que los centros educativos sean espacios de bienestar y aprendizaje.
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