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El nivel central del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile convocó a una movilización nacional para el próximo 7 de agosto, a raíz de la nueva agresión física ocurrida en un colegio de la comuna de La Pintana (Región Metropolitana) donde una alumna golpeó a la directora del establecimiento.
El gremio docente interpeló también a las autoridades a poner urgencia a los proyectos de convivencia y seguridad en las aulas, con el fin de resguardar la seguridad de la comunidad educativa, por lo que harán presión a través de una movilización masiva.
Jonathan Salazar, secretario del comunal Los Ángeles del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, explicó que el tema de la violencia dentro y fuera de las aulas es la principal razón del movimiento impulsado por el gremio docente, donde se interpela a las autoridades para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.
"No podemos desconocer que nuestra sociedad se ha puesto más violenta en los últimos años. Hay causas sociales que explican esa situación por lo que nuestro Estado, nuestros políticos, tienen que generar políticas que subsanen esas problemáticas", afirmó.
El vocero detalló que movilización apunta a poner urgencia a algunas leyes que se tramitan en el Congreso, como la de Convivencia, Buen Trato y Bienestar Educativo, y la denominada Ley Katherine Yoma.
Esta última iniciativa legislativa se busca modificar la Ley General de la Educación (Ley Nº 20.370) con el fin de fortalecer la protección hacia los docentes y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia física y psicológica, a raíz del caso de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida después de ser objeto de un constante acoso sicológico e incluso de agresiones físicas por parte de una alumna y su apoderado.
"Si bien nosotros ya tenemos la Ley Karin, que igual viene a dar algunas soluciones, lo que esperamos es la aprobación de la ley Katherine Yoma, que es más específica a la labor que desarrollamos como docentes a nivel nacional. Esa es nuestra principal demanda, ligada a lo que es la violencia directo del aula", detalló el secretario del gremio.
Aseguró que "a eso sumamos otro tipo de violencia, que igual no son físicas o psicológicas, sino que también simbólica, que es la que se ejerce en contra del profesorado, como el no pago de la admisión a las educadoras diferenciales de párvulo, la deuda histórica, el abandono en muchas comunas de la educación pública en cuanto a infraestructura y materiales".
Como parte de ese proceso, el dirigente precisó que lo primero es el llamado a las bases a los comunales y regionales "a realizar votaciones en cada uno de los establecimientos para adherir al paro nacional".
Por lo pronto, se confirmó que el 7 de agosto habrá una movilización masiva del profesorado en la Región Metropolitana, a la cual se espera la adhesión de las demás regiones y comunas.
En el caso de Los Ángeles, se esperará el resultado de la consulta de todos los establecimientos municipales para confirmar su adhesión al paro y a la marcha, aunque el dirigente sostuvo que existe un amplio respaldo a la movilización.
Jonathan Salazar recalcó que "no estamos acá peleando por sueldo o por mejoras laborales para nosotros, sino con la educación que reciben los niños más vulnerables de la comuna, que son los que asisten a liceos municipales y escuelas municipales".
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