En proceso de investigación se encuentra una grave denuncia que quedó al descubierto a principios de esta semana, en una escuela particular del sector rural del Santa Fe, comuna de Los Ángeles, donde un grupo de apoderados dio cuenta de la administración, no autorizada, de medicamentos a estudiantes de kínder.
Según el relato de una de las apoderadas "varios alumnos de kínder han estado diciéndole a sus mamás que le estaban dando pastillas en el colegio". Relato que se agravó cuando uno de los menores le mostró la pastilla a su madre al llegar a la casa, luego de esconderla en su bolsillo.
La madre del menor acudió al colegio para plantear la situación a la docente, quien le indicó que estas pastillas serían una vitaminas C; lo que fue descartado por la apoderada quien aseguró que "le pasó la lengua a la pastilla y se le durmió"; lo que según ella eso también está "prohibido que ellos le den eso a los niños".
Ante la respuesta insatisfactoria de la docente, el tema fue alertado a los apoderados del mismo curso, quienes al preguntar a sus hijos, pudieron reafirmar el relato, lo que llevó a los afectados acudir a distintas instituciones para dar a conocer el caso.
LAS DENUNCIAS
El 10 de septiembre, la apoderada que encontró este medicamento, interpuso una denuncia en Carabineros, encendiendo las alarmas sobre esta situación y advirtiendo a las autoridades sobre el eventual uso de fármacos en menores.
La información fue corroborada por el equipo de prensa de diario La Tribuna, con el coronel Marcelo Salas, prefecto de la prefectura N°20 de Carabineros de Biobío, quien confirmó el ingreso de la denuncia con el parte N°428, que pasará a citación en el Juzgado de Familia de Los Ángeles, tribunal que sería el encargado de llevar temas de vulneración de derechos en menores.
La misma denuncia se intentó realizar en la Policía de Investigaciones (PDI), sin embargo, desde la institución se solicitó un examen toxicológico para determinar la veracidad del hecho, sin embargo, los apoderados aseguran que según lo que señalaron desde el Cesfam y la Farmacia, se necesitaría saber específicamente de qué medicamento se trata para realizar dicho estudio.
Por otra parte, de acuerdo a la información a la que accedió nuestro medio, los afectados serían al menos 15 niños y niñas, quienes, al ser consultados por sus progenitores, habrían coincidido en entregar el mismo relato respecto del suministro de esas píldoras.
"Esto no tiene la autorización de ningún apoderado. Mi hijo es operado del corazón y tampoco se le puede dar cualquier medicamento. Y como son pequeños, son vulnerables porque algunos niños incluso dicen que les abren la boca para saber si tienen la pastilla, o si realmente se la tragaron, así que claramente están siendo vulnerados en sus derechos", relató la madre.
A raíz de los hechos, los apoderados este jueves 12 de septiembre dieron aviso al equipo directivo del establecimiento educacional, para conocer qué medidas se podrían adoptar en resguardo de los menores, y también para solicitar una investigación a las docentes involucradas.
RESPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO Y MEDIDAS DE RESGUARDO
Para tener respuesta a esta situación, Luis Fonseca, inspector general de la escuela particular La Victoria, confirmó a diario La Tribuna que se realizó una reunión con los apoderados en que ratificaron la denuncia.
"Se acercaron alrededor de 15 o 16 apoderados -no el curso completo-, a exponer una situación más o menos parecida y reiterativa con respecto a una presunta aplicación de medicamentos por parte de la educadora, en conjunto de su asistente, y una profesora que obviamente acompaña de forma permanente al nivel", señaló.
Una vez llevada a cabo esta reunión y tomando los antecedentes presentados por el grupo de apoderados, desde el establecimiento se tomaron algunas medidas de resguardo a los menores, donde el inspector aseguró que las eventuales responsables serán apartadas de sus funciones mientras dure la investigación.
De esta forma, señaló que desde este viernes "las funcionarias serán apartadas del establecimiento y de sus funciones, no pudiéndose acercar al establecimiento, ni menos a los niños, ni tener contacto con ellos, como medida de resguardo en primera instancia", comentó.
Afirmó también que esta situación será denunciada al Juzgado de Familia por parte del establecimiento para que realicen las investigaciones pertinentes para así poder esclarecer la situación, y qué tipo de medicamento se trataría.
"Como establecimiento y recogiendo los antecedentes que se reúnen por parte de los apoderados y los relatos, nosotros vamos a hacer la denuncia al Tribunal de Familia por presunta vulneración de derechos (...) Nosotros obviamente vamos a aportar todos los antecedentes por intermedio de una denuncia de oficio al Tribunal de Familia, para que sean ellos como entidad pertinente los que investiguen y determinen qué tipo de sustancia o qué tipo de medicamento era", señaló Fonseca.
Frente a la consulta por posibles intervenciones de la Superintendencia de Educación al establecimiento, recalcó que esta "finalmente resuelve en el sentido de, si es que hay algún tipo de protocolo que no se haya aplicado en su momento".
"Entendiendo la naturaleza de como ha sucedido esto, nosotros no estamos faltando a ningún protocolo dichamente como tal, porque de alguna forma, en el momento que nosotros nos informamos formalmente por los apoderados, es que ahora se empiezan a activar los protocolos por vulneración derecho contra los párvulos, y eso de alguna forma lo especifica claramente la Superintendencia de Educación Parvularia", recalcó el inspector del establecimiento.
Finalmente, al término de esta nota, se dará comienzo a la investigación del caso con los antecedentes presentados por los apoderados, quienes tampoco descartan que se realice una denuncia colectiva contra quienes resulten responsables de estos actos.
¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?
Consultada por la denuncia, la Superintendencia de Educación señaló que en el reglamento interno deben fijarse las medidas de resguardo a la salud, como el procedimiento para suministrar medicamentos a niños y niñas por parte del personal de los establecimientos.
Por lo mismo, en los casos en que el menor deba utilizar un fármaco, el procedimiento indica que "se requerirá la presentación de receta médica emitida por profesionales de la salud, la cual deberá contener datos del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento".
De forma contraria, y sin consentimiento del apoderado, esto representaría una falta gravísima a la normativa educacional, por lo cual se podría hacer una denuncia también ante el organismo de educación.
