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A raíz del caso presentado por el diario La Tribuna sobre un grupo de apoderados que denunció la eventual administración no autorizada de medicamentos a estudiantes de kínder por parte de sus docentes en la escuela rural La Victoria de Los Ángeles, se confirmó que en el Juzgado de Familia se iniciará un proceso de investigación y sus respectivas audiencias.
Desde el Poder Judicial ratificaron los primeros antecedentes relacionados con el caso, revelando que hasta la fecha se han ingresado diez causas. La primera audiencia está programada para el 29 de octubre, y las restantes se llevarán a cabo de manera sucesiva.
Además, se indicó que de acuerdo al ingreso de las causas, se están tramitando sin medidas cautelares por parte del tribunal. Sin embargo, el establecimiento escolar ha decidido separar de sus funciones a las tres personas presuntamente involucradas, que son una docente y dos asistentes de la educación.
Entre las diligencias que se llevarán a cabo se encuentran oficios dirigidos a la Escuela La Victoria, con el objetivo de que informen sobre los hechos ocurridos; al Ministerio Público, para investigar la posible comisión de delitos; al Departamento Provincial de Educación, para que tomen conocimiento e informen sobre los protocolos a aplicar; y a la Superintendencia de Educación, con el fin de que el organismo esté al tanto y se proceda con la implementación de los protocolos correspondientes.
Como expuso diario La Tribuna en su momento, esta situación surgió a raíz cuando un grupo de apoderados informó sobre la administración no autorizada de ciertos medicamentos (que se desconocen de momento) a alumnos y alumnas de kínder de la Escuela Rural La Victoria del sector rural de Santa Fe, al poniente de la comuna de Los Ángeles.
Según una de las apoderadas, "varios alumnos han estado diciéndole a sus mamás que les estaban dando pastillas en el colegio". La situación se tornó más seria cuando un menor mostró una pastilla a su madre tras esconderla en su bolsillo.
A la madre del niño, tras consultar a la docente, se le comunicó que las pastillas eran supuestas dosis de vitamina C. Sin embargo, ella desmintió esta afirmación, argumentando que al probar la pastilla, "se le durmió la lengua". Ante la respuesta insatisfactoria de la educadora, la apoderada alertó a otros padres, quienes corroboraron las denuncias.
El 10 de septiembre, la madre presentó una denuncia ante Carabineros, lo que activó las alarmas sobre el uso de fármacos en menores. En ese momento, el coronel Marcelo Salas, prefecto de la Prefectura N°20 de Carabineros de Biobío, confirmó que la denuncia fue registrada y remitida al Juzgado de Familia de Los Ángeles.
Una madre expresó su preocupación por el hecho y planteó que ningún apoderado ha autorizado que se suministren medicamentos a los niños. Por lo que el 12 de septiembre, los apoderados informaron al equipo directivo del colegio sobre la situación y solicitaron medidas de protección a sus hijos.
Luis Fonseca, inspector general del establecimiento, confirmó que en la reunión con los apoderados, se tomó la medida de resguardo de apartar a las funcionarias involucradas desde el día 13 de septiembre, y hasta que termine la investigación.
El representante del recinto educativo señaló que "las funcionarias serán apartadas del establecimiento y de sus funciones, no pudiéndose acercar al establecimiento, ni menos a los niños, ni tener contacto con ellos, como medida de resguardo en primera instancia".
Ahora, se está a la espera de que finalicen las diligencias, y se tomen las declaraciones a los afectados por esta administración de fármacos a menores de entre 4 y 5 años de edad.
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