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La decisión se dio luego de el organismo constatara que la información entregada por la universidad "no permite esclarecer completamente las interrogantes" sobre la contratación, remuneración y evaluación de Cubillos.
Estas omisiones podrían constituir infracciones graves a la normativa interna de la institución, según señaló la Superintendencia.
En este contexto, se dispuso la realización de una fiscalización en terreno para "recopilar evidencia de primera mano que permita determinar con precisión el alcance de los hechos investigados".
De esta manera, la Superintendencia precisó que la investigación se llevará a cabo con el tiempo necesario para garantizar conclusiones robustas y no descartó que puedan surgir nuevos elementos durante el proceso.
Cabe recordar que fue el pasado 24 de septiembre que la Superintendencia ofició formalmente a la casa de estudios. En un comunicado, el organismo recordó su "obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente" en todas las instituciones de educación superior del país. Asimismo, precisaron que se han recibido denuncias adicionales relacionadas con este caso, las cuales están en proceso de revisión.
Cabe destacar que la Fiscalía Centro Norte también abrió una investigación a raíz de una denuncia por presuntos delitos de corrupción presentada por los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, lo que incrementa la atención sobre el caso.
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